Organizaciones ciudadanas presentaron a los senadores una propuesta de ley general de cultura, la cual plantea regular y coordinar a las autoridades federales, estatales y municipales en las acciones de conservación del patrimonio cultural, y a su vez promover la cultura como instrumento de paz y armonía social.

Los senadores perredistas Angélica de la Peña Gómez y Luis Humberto Fernández, así como el panista José de Jesús Santana García, se comprometieron a impulsar la iniciativa, a fin de que sea aprobada a la brevedad.

Arturo Saucedo, coordinador y redactor del texto, expuso que abona a la consolidación de una sociedad abierta y en proceso de democratización. Señala, detalló, la obligación de las autoridades de garantizar el derecho al acceso a la cultura y a la libertad creativa, respetar el contenido de las edificaciones culturales y la imposibilidad de que cualquier gobierno modifique, mutile o transforme las obras.

El documento define los niveles de participación y concurrencia entre estados, municipios y la Federación, a fin de eliminar el centralismo, y la forma en que habrán de integrarse para generar políticas culturales. Además, prevé mecanismos de participación de los sectores social y privado.

Antonio Cabrera, doctor en derecho y otro de los autores, destacó que México ocupa el primer lugar en América Latina en ciudades con la categoría de patrimonio cultural de la humanidad, con 10 reconocidas por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Diego Guerrero, enlace legislativo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que el gran reto es la regulación de la cultura, además de la transición hacia mayor participación de la sociedad, pues son las personas quienes van creando los productos culturales y marcan el rumbo del sector, no los órganos del Estado.

La senadora De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, expresó su compromiso para que la iniciativa ciudadana sea aprobada tal y como está, porque proviene de trabajadores, especialistas y expertos en la materia.

Resaltó que es un documento relevante, ya que complementará la reforma de abril de 2009, que elevó a rango constitucional el derecho al acceso a la cultura y la creación de la secretaría del ramo, en diciembre de 2015.