En el Senado avanzan las leyes secundarias para echar a andar el sistema nacional anticorrupción. Se presentó ya un anteproyecto de dictamen, en el que se definen medidas de prevención, pero también sanciones administrativas, que van desde amonestar hasta la inhabilitación por 20 años a funcionarios enriquecidos de manera ilegal con recursos públicos, vía sobornos o malversado fondos presupuestales.

Se sanciona no sólo a servidores públicos, sino también a particulares, en especial a empresarios que hayan dado dinero a funcionarios para la obtención de contratos de obra o de prestación de servicios. También a particulares que promuevan su influencia, poder económico o político, real o ficticio sobre cualquier servidor público, con el objeto de sacar ventaja.

A los primeros se les inhabilita de forma definitiva para participar en licitaciones o concursos dentro de la administración pública, federal o estatal.

Se considerarán faltas graves de particulares ofrecer y entregar dinero a funcionarios a cambio de contratos o de que se abstengan de algún acto relacionado con sus funciones.

Tanto funcionarios como empresarios involucrados en corrupción están obligados a devolver a la Secretaría de Hacienda el daño patrimonial ocasionado.

El anteproyecto de dictamen –elaborado por los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, y de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas–, que fue puesto a consulta entre las organizaciones ciudadanas, incluye siete leyes. Dos de nueva creación: la ley del sistema nacional anticorrupción y la ley general de responsabilidades administrativas.

Incluye modificaciones a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En la exposición de motivos se advierte asimismo que el Estado mexicano sufre de una lacerante corrupción, tanto en sus distintos niveles de gobierno como en su conjunto, lo que entraña un fenómeno complejo por su ramificación institucional. La intención es que el nuevo ordenamiento jurídico lleve a que la corrupción sea un acto de alto riesgo y de bajos rendimientos.

Para lograrlo, se propone una coordinación permanente entre las autoridades competentes y el sistema anticorrupción. Se compondrá de un comité coordinador y un comité de participación ciudadana.

Uno de los principales objetivos del sistema nacional anticorrupción es crear políticas públicas que regulen la actuación de los particulares y de los servidores públicos, dando a conocer a la sociedad los criterios relacionados con el tema.

La nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas propone concentrar la información que todos los funcionarios están obligados a proporcionar en el Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos. Tendrá un apartado específico para los mandos medios y superiores que intervengan en licitaciones, licencias, permisos, adjudicación de contratos, así como la enajenación de bienes y avalúos.

Los senadores Pablo Escudero y Alejandro Encinas precisaron que recibirán observaciones de las organizaciones sociales hasta próxima semana, ya que la intención es comenzar a dictaminar después de la Semana Santa.

Se pretende aprobar ese paquete de leyes anticorrupción antes del 12 de abril, para dar tiempo a la Cámara de Diputados a votarlo también antes del día 30 de ese mes, en que concluye el periodo ordinario de sesiones.