La embajadora de México en Honduras, Dolores Jiménez, afirmó que el riesgo que corre el mexicano Gustavo Castro Soto al permanecer en Honduras como víctima y único testigo sobreviviente de un crimen de alto impacto –el asesinato de la líder lenca Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo– es un hecho objetivo, y que por ello la cancillería ha puesto empeño en lograr que el ambientalista pueda regresar al país lo más pronto posible.

En entrevista telefónica con La Jornada, la diplomática destacó: lo que es notable en el caso de Castro Soto es que pese a su vulnerabilidad tiene toda la disposición de contribuir en lo que se requiera para el pleno esclarecimiento del crimen.

Dolores Jiménez expresó que hay altas expectativas de que el gobierno hondureño responda lo más pronto posible a la petición que externó oficialmente este jueves la cancillería para que a Gustavo Soto, dirigente de la organización Otros Mundos, con sede en Chiapas, se le permita regresar a México antes de que expire el plazo de 30 días que le fijó una juez de la localidad de La Esperanza, donde se cometió el atentado. De éstos, faltan 26 días para que termine la prohibición.

Aseguró que entre México y Honduras están vigentes acuerdos bilaterales para la cooperación en investigaciones judiciales, como ésta, para que Castro pueda seguir ampliando sus declaraciones a distancia, desde México, por medio de la embajada hondureña. Es algo muy común. Se practica en todo el mundo.

El líder ambientalista está albergado en la Casa México, un inmueble aledaño a las oficinas de la embajada mexicana y que forma parte de la residencia oficial de México en Tegucigalpa. El cónsul Pedro Barragán lo acompaña en todo momento.

La embajadora señaló que hasta el momento el gobierno hondureño no ha respondido por escrito a la petición de México, entregada anteayer. Indicó que en un comunicado del gobierno de Honduras se detallan las diligencias que se han realizado con el mexicano en el proceso de investigación del asesinato de la líder lenca Berta Cáceres, y nos permite tener buenas expectativas de que pueda regresar antes de que venza el plazo fijado por la juez”.

Sin embargo, este comunicado, publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y dirigido a la opinión pública, no hace alusión alguna al caso de Gustavo Castro. Sólo indica que todas las líneas de investigación están abiertas y son objeto de diligencias activas y sistemáticas. Se informa que las dependencias involucradas en el proceso son la fiscalía, la agencia de investigaciones criminales y la policía nacional.

Anteayer, en conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos, las hijas de Berta Cáceres y un hermano de Gustavo, Óscar Castro Soto, pidieron que ante las irregularidades cometidas por la primera juez de La Esperanza, en el departamento suroccidental de Intibucá, el expediente del asesinato sea asignado a otro juzgado.

La embajadora Jiménez declinó comentar al respecto. No es mi materia, dijo.

Explicó que la embajada de México ha brindado al único testigo del crimen protección consular desde el primer momento, y se la seguirá dando toda la que requiera.

Agregó que se insistirá en que se le permita seguir cooperando desde México mediante la representación de Honduras. Es una práctica muy común en todo el mundo. La legislación de Honduras lo permite. Entre ambos países hay un acuerdo bilateral vigente para facilitar la cooperación jurídica en materia penal. Subrayó también que la protección que el gobierno mexicano está brindando es con pleno respeto a la legalidad de Honduras.

–¿Han recibido respuesta al comunicado oficial de la cancillería mexicana?

–No hay respuesta por escrito hasta ahora. Esperamos que en el corto tiempo posible tengamos una respuesta pronta y positiva.

Observamos que el Estado ha expresado su compromiso de investigación a fondo y esclarecimiento pleno y castigo a los responsables. Esto es importante. Pero por encima de todo está la protección de la vida del testigo, si hubiera riesgo. No es incompatible una cosa con otra.

–¿El gobierno de Honduras sí reconoce la calidad de víctima de Gustavo?

–Por supuesto. Su situación jurídica, aquí, es como testigo protegido, como víctima y como defensor de derechos humanos con medidas de protección.

La embajadora precisó que el testigo no puede permanecer en La Esperanza, donde se sigue el juicio, porque ahí es donde más riesgo correría. Aunque ahí lo citó la juez para que diera sus declaraciones, después de las diligencias el cónsul lo trasladó a Tegucigalpa. En todo momento está con él.

Después de enfatizar que en cuestión de seguridad nada sobra, la diplomática explicó los mecanismos que se han activado para la protección del activista mexicano: un operativo de seguridad del gobierno de Honduras para sus traslados, la seguridad propia del gobierno mexicano y las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

–¿Por qué la policía hondureña interceptó la salida de Castro Soto en el aeropuerto internacional cuando iba a viajar a México? ¿Por qué se dieron así los hechos?

–Hay mucho ruido y a veces falta de comunicación inmediata. El día que él salía a México, después de ser liberado por la fiscal de su responsabilidad de declarar, le agradeció y le dijo que se podía ir. Regresó con el cónsul al aeropuerto después de que se le consiguió un boleto para viajar. Pero de último minuto llegó un requerimiento de la fiscalía para que siguiera haciendo declaraciones. Sabíamos que podía llegar una notificación, pero no ocurría y decidimos llevarlo al aeropuerto. Fuimos el cónsul y yo con él. Ahí fue cuando le entregaron la notificación. Entonces lo regresamos a la residencia mexicana en el auto oficial donde lo habíamos llevado. Inmediatamente tomamos contacto con las autoridades para confirmarles que en efecto estaba en disposición de seguir declarando en La Esperanza.

Durante todo el domingo estuvimos organizando un operativo de seguridad y el lunes 7, a primera hora, se activó para llevarlo con todas las garantías a La Esperanza.

–¿Dónde está el proceso en este momento?

–Ya hay un cúmulo de diligencias en las que él participó en La Esperanza y con todo esto a la mano se le está planteando al gobierno de Honduras que pueda salir del país y seguir colaborando con cualquier ampliación que se requiera desde México. Ya hay condiciones para hacerlo.