Durante los pasados cinco años 300 mil personas que vivían en la Ciudad de México cambiaron su residencia a municipios de la zona conurbada y se mudaron seguramente no por gusto, sino porque no encontraron cabida en la oferta de vivienda de la capital, donde su costo es dos o tres veces más caro que en lugares como Coacalco, en el estado de México, o Tizayuca, en Hidalgo, señaló el director general de desarrollo urbano de la Seduvi, Luis Zamorano Ruiz.

Al participar en la reunión plenaria del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para definir su agenda legislativa, el funcionario dijo que uno de los retos de la constitución local y las leyes reglamentarias que se deriven de ésta, será generar mecanismos financieros, políticas públicas y áreas idóneas para la oferta de vivienda social, que en este momento no existe, y lo que hay está en manos del Instituto de Vivienda (Invi), pero es insuficiente.

Explicó que en la propuesta que entregó la Seduvi al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para la constitución local, la cual deberá enviar al constituyente, se plantea que además de considerar el derecho a la ciudad y a la vivienda, se incluyan mecanismos que permitan financiar, no solamente vivienda social, sino el desarrollo urbano y los servicios que le hacen falta.

Expuso dos medios que se emplean a escala internacional, como es el sistema de contribución de mejoras, que está contemplado en la ley, pero no se aprovecha y la recuperación de plusvalía.

Precisó que si se construye una línea del Metro o del Metrobús se eleva el valor del suelo de las colonias por las que cruza, lo mismo si se modifica el uso de suelo para elevar el número de niveles permitido, se actualizan los valores catastrales y la diferencia entre el valor inicial y el valor final, que es la plusvalía, se cobra al contribuyente la mitad.

Por separado, el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, confió que en el próximo periodo de sesiones de la ALDF se apruebe la nueva norma 26, tras señalar que ya se han consensuado diferentes candados para evitar el abuso de las desarrolladoras inmobiliarias, pero aún falta por definir el precio de las viviendas de interés social y los lugares, donde se podría aplicar esta disposición.

En entrevista, en el contexto de la Conferencia temática Hábitat III-Financiar el desarrollo urbano: El reto del milenio, el servidor público descartó, a su vez, que la norma 12 deba ser modificada o derogada, tal y como lo han pedido algunos diputados locales, pues a su juicio no ha tenido mal uso.