Diversas organizaciones de la sociedad civil exhortaron a la Secretaría de Gobernación (SG) a que haga públicos los objetivos y metas en materia de prevención de la violencia, tras la reciente designación de Alberto Begné como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la dependencia, de quien dijeron desconocer su experiencia en la materia.

Aglutinadas en la Coalición Ciudadana por la Prevención Social de las Violencias, las organizaciones advirtieron que ninguna política de combate a la delincuencia será suficiente sin una estrategia de prevención social que atienda los factores que originan la violencia y la inseguridad, y que incluya la participación de todos los actores sociales.

‘‘La conducción de la política de prevención no es un juego de tiro al blanco que acepte múltiples ensayos hasta que el portador de los dardos se vuelva un experto y atine’’, dijeron en un pronunciamiento las organizaciones que trabajan en comunidades afectadas por la violencia y la delincuencia.

Y aunque reconocieron que el Programa Nacional de Prevención del Delito tiene avances importantes, señalaron que siguen siendo cuestionables aspectos metodológicos que debilitan su efectividad, como los criterios de definición de los polígonos prioritarios que sirven de base para la asignación de los recursos, y la ausencia en muchos casos de diagnósticos previos que permitan un diseño e implementación más eficaz de la estrategia.

Otras deficiencias del programa, señalaron, son la falta de mecanismos de evaluación que ayuden al perfeccionamiento de las medidas aplicadas y la poca transparencia en la aplicación de los recursos y en la rendición de cuentas.

Además, aseguraron que en el último año han sido testigos de una serie de acontecimientos que sugieren que en su instrumentación el plan se ha alejado del fin que persigue, que es atender los factores de riesgo precursores de violencia y delincuencia.

Prueba de ello, señaló la coalición, son los ocho meses que estuvo acéfala la Subsecretaría de Prevención, responsable de la coordinación y la instrumentación de dicha política, como consecuencia del cambio de titulares y el desmantelamiento del equipo de trabajo que acompañó la designación de Arturo Escobar, con la consecuente pérdida de experiencia adquirida.