a Universidad Veracruzana (UV) realizó ayer marchas en varias ciudades de Veracruz para exigir que el gobierno estatal, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, pague a la institución los dos mil millones de pesos que le adeuda, en demanda de una reforma a la constitución local que le garantice recibir cinco por ciento del presupuesto de la entidad y en rechazo a las reformas a la ley de pensiones que pretendía instrumentar el Ejecutivo estatal. Las manifestaciones atrajeron a decenas de miles de personas y las más multitudinarias tuvieron lugar en Xalapa y el puerto de Veracruz, pero hubo también marchas en otras localidades, como Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Minatitlán, Poza Rica y Tuxpan.

A los integrantes de la comunidad universitaria –estudiantes, maestros, investigadores, funcionarios, empleados y pensionados– se sumaron numerosos ciudadanos, particularmente los jubilados de la entidad que han sido afectados por el agujero financiero cercano a los dos mil millones de pesos que se produjo durante la gestión de Duarte en el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). Establecimientos de educación superior de otras entidades se solidarizaron con la UV.

La jornada de ayer, que estuvo precedida por otras movilizaciones importantes, tiene una doble significación: por un lado, constituyó una acción social ejemplar en defensa de la educación superior pública y su relevancia trasciende, por ello, las fronteras veracruzanas. La demanda de la UV de contar con un porcentaje fijo del presupuesto estatal es una consigna de avanzada, que debiera generalizarse en el resto del país como forma de defensa de la viabilidad financiera y la autonomía de las universidades públicas, amenazadas por la ideología privatizadora que ha caracterizado al grupo gobernante desde hace décadas y que se ha traducido en un acoso presupuestal sistemático en el afán persistente de minimizarlas y desarticularlas.

En el ámbito local, las protestas universitarias marcan un punto de inflexión en la declinación política de Duarte de Ochoa, quien llega a la abierta confrontación con la UV en una situación erosionada y debilitada por los errores, las carencias y los extravíos de su gestión.

Cabe recordar que el actual gobernador llegó al cargo a fines de 2010 con el telón de fondo de la corrupción, la violencia y el desgobierno causados por la guerra contra la delincuencia que proclamó el calderonato y por la mala administración de su predecesor, Fidel Herrera. Lejos de corregir la situación, el gobierno de Duarte la empeoró desde un inicio y en la entidad proliferaron las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los secuestros y las extorsiones, y se conformó una pauta de homicidios de periodistas que hoy es uno de los saldos más agraviantes de la administración duartista. La más reciente muestra de la descomposición de los cuerpos policiales fue la desaparición y posible asesinato de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente que fueron capturados por policías estatales en Tierra Blanca y entregados, al parecer, a miembros de una organización delictiva.

A la incapacidad y ausencia de voluntad para enfrentar la aguda inseguridad en la entidad se agregaron dos escándalos financieros por la desaparición de grandes cantidades de dinero público: el fondo de reserva del IPE y los montos adeudados a la UV.