La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó ayer al gobierno de Honduras que proteja de forma inmediata al activista mexicano Gustavo Castro Soto, quien fue testigo del asesinato de la lideresa indígena hondureña Berta Cáceres, y se le permita regresar a su país.

El relator especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, Michel Forst, pidió a las autoridades hondureñas ‘‘garantizar que la vida del señor Castro Soto no corra más riesgos’’.

Desde Ginebra, Forst manifestó preocupación por la seguridad de Castro, quien se encontraba en la casa de Cáceres, en la localidad de La Esperanza, cuando fue asesinada, el 3 de marzo, por personas armadas. El mexicano resultó herido en el ataque y las autoridades hondureñas emitieron una ‘‘alerta migratoria’’ que le impide salir de esa nación.

El relator especial de la ONU consideró que el asesinato de Cáceres es una ‘‘trágica llamada de atención’’ al Estado hondureño para que prevenga estos actos de violencia y proteja a los defensores de derechos humanos llevando a los responsables ante la justicia.

En tanto, en la Ciudad de México, directivos de diversas organizaciones ligadas al activista se reunieron con el embajador hondureño, José Mariano Castillo, a quien solicitaron entrevistarse con los actores involucrados en el caso del ambientalista mexicano. Además señalaron la urgencia de empezar a explorar las rutas diplomáticas y del derecho internacional en materia de derechos humanos para lograr el pronto retorno de Castro.

Gustavo Lozano, del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), señaló que la resolución de la juez Victorina Flores, de ‘‘no revocar’’ la alerta migratoria que obliga a Castro a permanecer 30 días más en Honduras, confirma que la ruta diplomática o del derecho internacional son las mejores opciones para sacar a Gustavo Castro de esa nación.

Por su parte, la organización civil Otros Mundos pidió al presidente Enrique Peña Nieto que su gobierno ‘‘garantice la permanencia’’ del ambientalista mexicano dentro de la embajada ubicada en Tegucigalpa, luego del revés judicial.

‘‘Con su decisión, la juez obliga innecesariamente a Gustavo Castro a permanecer en el país, pese al peligro que ello representa para su vida’’, aunque a la fecha él ‘‘no cuenta con el acta judicial que le especifique esta decisión’’, agregó en una carta dirigida a Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entre otros funcionarios. Además, denunció que la magistrada ‘‘suspendió a la abogada de Gustavo Castro del ejercicio de su defensa por 15 días, agravando su dificultad para atender el proceso legal e incluso de poder defenderse ante estas irregularidades’’.

A la par, diversas organizaciones locales e internacionales alertaron que la vida del activista mexicano corre peligro si permanece en Honduras. Marcia Aguiluz, del Centro Por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para América Central y México, dijo: ‘‘Los intereses de los que mataron y mandaron a matar a Berta Cáceres son extremos y podrían atentar en contra de Gustavo”.