La comisión especial de diputados federales que investiga la desa-parición de los 43 normalistas de Ayotzinapa acordó ampliar su programa de trabajo e incluir nuevas entrevistas, entre éstas la de insistir en una reunión con el ex procurador Jesús Murillo Karam.

La comisión presentó su primer informe semestral, que se reduce a una relatoría de sus reuniones de trabajo, y aprobó solicitar un nuevo encuentro con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el equipo de forenses argentinos, con los directores de los hospitales general de Iguala y Cristina y buscar al conductor del denominado quinto autobús.

Asimismo, con el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Omar Betanzos, y el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Vázquez.

Durante la reunión, la diputada Cristina Gaytán (PRD) señaló que hace tres semanas, en uno de los recorridos del papa Francisco en México, se encontró con Murillo Karam, quien aceptó reunirse con la comisión si es convocado. Hasta ahora la perredista comunicó el hecho y pidió a la presidenta de la comisión, Guadalupe Murguía (PAN), invitarlo formalmente.

La comisión informó haber recibido un oficio de la PGR en el que niega proporcionar una copia del video del C4 de Iguala, solicitado a petición de la diputada Araceli Damián González (Morena), para determinar la intervención de policías en la desaparición de los normalistas.

Damián González y Víctor Manuel Sánchez, de Movimiento Ciudadano (MC), señalaron que la comisión debe insistir en que se entregue el video.

El diputado de MC cuestionó que en su documento la PGR omitió señalar que la indagatoria del caso es pública, y en tal virtud no debería tener ninguna objeción y quien le pide la información es una autoridad, que es esta comisión, y, por tanto, está entorpeciendo nuestro trabajo y falta a la legalidad, porque está obligado.

Reprochó que ante la pasividad de la comisión las autoridades empiezan a ser omisas en informar a la comisión y, en consecuencia, se ve entorpecida en su función esencial.

También, Araceli Damián indicó que la PGR tiene la obligación de entregar el video, pues se trata de una violación grave a los derechos humanos, y conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sí debe proceder esta solicitud del video del C4.

Cristina Gaytán señaló que debe citarse nuevamente a Jaime Rochín debido a que la viuda de Julio César Mondragón, Marisa Mendoza Cahuatzi, reveló a la comisión que funcionarios de la CEAV le pidieron firmar documentos en blanco; además, familiares del equipo Los Avispones denunciaron que se ha retrasado la indemnización y la reparación del daño, y que esa misma instancia filtró información del nombre y monto del pago a familiares de una de las víctimas, y eso se traduce no sólo en una exposición de datos, sino también en una violación a sus derechos humanos.