Río de Janeiro.

Poco antes de las 7 de la mañana de ayer la Policía Federal se presentó en el departamento donde reside el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en San Bernardo, cordón industrial de San Paulo. Poco antes la escolta a que Lula tiene derecho como ex mandatario había llegado al local y lo advirtió de la presencia de la policía judicial. El mismo Lula abrió la puerta.

Cumpliendo órdenes del juez de primera instancia Sergio Moro, la Policía Federal condujo a Lula da Silva hasta el aeropuerto metropolitano de San Pablo. En la sala reservada a las autoridades –una gentileza concedida a la figura política de mayor relieve en Brasil– Lula prestó declaraciones a lo largo de casi cuatro horas.

En más de una ocasión se irritó con las preguntas de los comisarios de la Policía Federal, por ejemplo cuando le preguntaron sobre botellas –algunas, de vino importado– encontradas en la casa de campo que el ex presidente frecuenta los fines de semana. También sobre los dos barquitos que su esposa compró para los nietos de la pareja. ¿Es que no tienen nada más importante para hacer que preguntarme estupideces?, espetó Lula da Silva a sus interrogadores.

Un abogado que acompañó el interrogatorio contó que Lula contestó a todas las preguntas sin titubear un solo instante.

La noticia de que el ex presidente fue blanco de una orden de conducción coercitiva para prestar testimonio tuvo inmenso impacto en todo el país. Por la tarde, Lula y la presidenta Dilma Rousseff manifestaron su indignación por la medida adoptada por el juez Sergio Moro. También Marco Aurelio Mello, integrante del Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de la justicia en Brasil, criticó, por abusiva, la medida determinada por el responsable por la Operación lavado rápido, que investiga el esquema de corrupción descubierto en la estatal Petrobras.

Figura prominente del principal partido de oposición, el PSDB, José Gregori, ministro de Justicia y luego de Derechos Humanos del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, denunció lo que considera un evidente abuso del juez de provincia. El economista Luis Carlos Bresser-Pereira, uno de los fundadores del PSDB, fue más contundente al afirmar: “ya es hora de que el Supremo Tribunal Federal haga una intervención en la Operación lavado rápido, para impedir que sigan ocurriendo violaciones como encarcelamientos temporales o la conducción coercitiva de un ex presidente que siquiera había sido convocado a declarar”.

Por la tarde, Lula da Silva fue contundente. No era necesario que Moro mandase gente a mi casa, a las de mis hijos y de mis compañeros de militancia, dijo con aire indignado, recordando que solamente este año ya ha comparecido en tres ocasiones para prestar declaraciones. Ha sido un gesto de prepotencia, agregó.

Lula recordó que durante sus dos mandatos (2003-2010) se concedió autonomía a la Policía Federal e independencia al Ministerio Público. Lo hicimos, dijo, porque creemos en la democracia. Moro, no. Mucho antes de Moro, yo ya era un demócrata. Mientras él no hacía nada, nosotros luchábamos para devolver la democracia al país.

El ex presidente, luego de declararse indignado por la afrenta, fustigó el esquema construido por la Policía Federal, el tribunal de Moro y los grandes medios de comunicación: A las 7 de la mañana, cuando mis abogados no sabían nada, y yo menos, algunos medios ya anunciaban el operativo.

Los argumentos de la Policía Federal y del Ministerio Público que integran la Operación lavado rápido para solicitar la conducción coercitiva de Lula, prontamente acatados por el juez Moro, se refieren, de manera vaga y amplia, a las contribuciones de grandes empresas al Instituto Lula. Además, se insinúa que las charlas impartidas por Lula en Brasil y otros países eran un disfraz para compensarle dinero de sobornos cobrados en Petrobras.

También se acusa a Lula de haber ocultado patrimonio, en especial un departamento en el decadente balneario de Guarujá y una quinta a hora y media de Sao Paulo. Los dos inmuebles serían, alegan, un soborno disfrazado para Lula.

El ex mandatario ya aseguró reiteradamente que no es dueño del departamento en la playa ni de la quinta, que pertenece a un antiguo compañero de militancia, su amigo desde hace más de 40 años.

Lula da Silva explicó que en sus charlas en el exterior, por las cuales cobraba hasta 200 mil dólares –está todo en mi declaración al fisco–, las preguntas del público se referían siempre a los logros sociales alcanzados por Brasil a partir de su llegada al gobierno. ¿Por qué Bill Clinton puede venir a Brasil, como vino hace poquito, y hablar en la Confederación Nacional de la Industria y cobrar un millón de dólares, y yo no puedo contar a amigos africanos o latinoamericanos cómo hicimos para disminuir la miseria en este país de injusticias eternas?

Lula anunció que está listo para recorrer el país defendiendo su historia y la del PT. Quisieron matar a la yarará, pero en lugar de golpearla en la cabeza golpearon la cola. Y la yarará está viva y lista para volver, dijo en clara referencia a las elecciones del 2018.

Lo más grave de esa historia, sin embargo, es que exhibió que el esquema formado entre el juez Moro, la Policía Federal, el Ministerio Público y la gran prensa hegemónica encontró su punto ideal.

La detención de Lula sugiere que Moro es un magistrado sin límites, y que actúa en perfecta armonía con el calendario golpista. Acosando a Lula, acosa a Dilma. Con eso, fortalece el debilitado proceso de impugnación que duerme en la Cámara de Diputados, faltando poco más de una semana para las manifestaciones callejeras convocadas por la derecha más radical para el domingo 13 de marzo.

La euforia registrada en el mercado financiero –el dólar cayó en picada y el índice Bovespa subió como un cohete: 4.2 por ciento– muestra quienes son los que se alegran con la perspectiva de la defenestración de Dilma Rousseff y la degradación de Lula.