a policía federal brasileña detuvo ayer al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva en su domicilio del estado de Sao Paulo y lo liberó luego de que rindió declaración sobre presuntos beneficios ilegales que habría obtenido mientras estuvo al frente del gobierno. El también fundador del Partido de los Trabajadores (PT) denunció que su detención y el allanamiento a varias de sus propiedades fue un show mediático y un espectáculo de pirotecnia, al resultar absolutamente innecesario por haberse él presentado a declarar voluntariamente en reiteradas ocasiones.

El operativo, que ayer movilizó a más de 200 policías para ejecutar 33 órdenes de cateo, se inscribe en las investigaciones sobre una desviación masiva de fondos en la estatal Petrobras durante los gobiernos del PT, conocida como Operación lavado rápido. De acuerdo con el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, el ex mandatario habría participado de esta trama al recibir muchos beneficios de grandes constructoras en pago por conferencias y donaciones a la fundación que preside.

No obstante, el caso presenta serias carencias, desde el hecho de que el descubrimiento central presentado durante la investigación es el supuesto ocultamiento de una propiedad que el ex presidente ejerce sobre un departamento en el balneario de Guarujá, un dato en realidad conocido y admitido por Lula desde años atrás; a saber, que en 2004 compró una participación en el edificio donde se encuentra el inmueble impugnado, que su participación le permitía ejercer la opción de compra de la residencia y que decidió no ejercer ese derecho, como lo estipulaba el contrato correspondiente.

Por otra parte, el fiscal a cargo reconoce que los presuntos favores son difíciles de cuantificar, aunque, hasta ahora, ello no lo ha disuadido a él, ni a representantes de la policía, de dar declaraciones a los medios que resultan absolutamente irregulares cuando la investigación está en curso.

Con los antecedentes citados, queda claro que el operativo de ayer se enmarca en una sistemática desviación institucional que erosiona la credibilidad de la legítima lucha contra la corrupción, al hacer un uso faccioso y discrecional de los aparatos de procuración de justicia. En este sentido, resulta paradójico que estas malas prácticas sean ejercidas por organismos que estuvieron sometidos al titular del Ejecutivo hasta que el propio Lula sancionó importantes reformas como la que dio autonomía a las fiscalías.

Así, da la impresión de que a quienes impulsan la causa contra el popular ex presidente les mueve no un afán justiciero, sino un deseo de poner fin al ciclo de gobiernos del PT. Sin negar el desgaste político al que está sometido el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, luego de más de doce años del proyecto progresista en el poder, son inocultables el afán persecutorio por parte de los sectores oligárquicos de Brasil y una orquestada injerencia de actores externos para descarrilar a un régimen elegido en las urnas.

Sin embargo, no puede olvidarse que esta embestida se enmarca en el reflujo generalizado de los gobiernos progresistas latinoamericanos, que en los pasados tres lustros plantaron cara a la hegemonía neoliberal y, con todos los matices y diferencias entre ellos, encabezaron proyectos políticos de avanzada en materia de redistribución de la riqueza social, recuperación de la soberanía, integración regional y ayuda a los sectores más desfavorecidos de la población.

En suma, sería lamentable que la confluencia de estas amenazas con la severa crisis económica que atraviesa el país por la caída en el valor de sus exportaciones desemboque en el descarrilamiento de un proyecto que ha representado innegables avances para las mayorías y permita el regreso de los regímenes neoliberales de signo oligárquico y democracia meramente formal.