l nivel de descrédito de Peña Nieto y su gobierno parece crecer día a día, no sólo ante la opinión publica de nuestro país, sino también en el contexto internacional, a partir de sus constates esfuerzos por minimizar la tragedia de Ayotzinapa, a la que ahora se agrega la de Tierra Blanca, cometidas ambas por fuerzas de seguridad pública, pero también como efecto natural de la incompetencia, los altos niveles de corrupción, falta de visión e insensibilidad, así como desprecio por los derechos humanos y por el pueblo mismo, al cual no parecen comprender. Sin embargo, les preocupa el futuro, en virtud de su deseo inocultable de mantenerse en el poder por dos razones fácilmente comprensibles: mantener asegurado su acceso al patrimonio de la nación y los beneficios que ello implica y por el otro seguir gozando de la impunidad, como lo han hecho hasta ahora.
¿Cómo evitar que el poder se les vaya de la mano, ante su desastrosa actuación? ¿Será posible repetir el fraude de 2012? Con estas dudas en mente, el actual grupo en el poder ha puesto recientemente sus ojos en Veracruz como un posible campo de experimentación, a dos años de las elecciones de 2018. ¿Por qué Veracruz? Varias son las razones. Por una parte están, desde luego, los altos niveles de corrupción del gobierno de ese estado ante el inocultable desvío de fondos, administración a la cual la Auditoría Superior de la Federación señala como responsable de irregularidades y desvíos de recursos presupuestales por más de 38 mil millones de pesos, además de un endeudamiento por cantidades similares, sin que se sepa cómo y para qué se emplearon. No es la única entidad donde se han cometido actos de esta naturaleza, pero el grado de descrédito de ese gobierno es generalizado entre la población local, como se puede comprobar en los resultados de la consulta realizada por La Jornada en su portal electrónico, en el que se observa que el nivel de rechazo es muy similar al del gobierno de Peña Nieto (consultas.jornada.com.mx).
Una segunda razón para ser considerado campo de experimentación en las elecciones locales que habrán de celebrarse en junio próximo es la falta de respeto a los derechos humanos, asociada en el caso del gobierno federal a partir de Ayotzinapa y de otros muchos casos de desapariciones forzadas, pero igualmente repudiada en el caso de Veracruz, no sólo por el caso de Tierra Blanca, sino por las ejecuciones de periodistas críticos al gobierno estatal, como se puede observar en las dos consultas mencionadas. (Más de 98 por ciento de los participantes señalan la falta de respeto a los derechos humanos en ambas.)
Una tercera razón es referente a la educación, tema que se ha convertido en dolor de cabeza para el gobierno federal, incapaz de predecir los niveles de rechazo a su proyecto privatizador, propuesto por los personeros de Televisa (Mexicanos Primero) ni el retroceso en los resultados de las pruebas Planea de 2015 a los niveles de hace seis años, motivado por el virtual abandono de los estudiantes, en virtud del tiempo que los profesores han estado utilizando para prepararse para las humillantes y deshumanizadas evaluaciones a que están siendo sometidos, sin mayores explicaciones que las amenazas de ser retirados de sus puestos. (Ver resultados de la consulta nacional realizada por La Jornada sobre la reforma educativa en la misma dirección, en www.jornada.com.mx )
En este sentido el gobierno de Veracruz se ha distinguido igualmente por su menosprecio por la educación pública, lo cual es ahora conocido a escala nacional, a raíz de la demanda presentada por la Universidad Veracruzana, por las negativas a entregarle más de 2 mil millones de pesos, lo que la ha puesto en riesgo de suspensión de actividades, no siendo éste un caso aislado, pues se conocen localmente las maniobras de anteriores funcionarios para desviar los fondos destinados a la educación a otros fines, como la compra de votos en las elecciones federales de 2012 y 2015 y para los comicios locales de 2013, así como a otros destinos desconocidos por ahora, incluyendo muy posiblemente sus propios bolsillos, con la complicidad de la Secretaría de Educación local.
En estas condiciones y siendo Veracruz la tercera entidad más poblada de la República, las declaraciones recientes del líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en las que pide cuentas al gobernador Javier Duarte y respalda al candidato de su partido para la próxima minigubernatura, constituyen un anuncio formal de que pese al desprestigio alcanzado por la actual administración, van a buscar imponer al aspirante de ese instituto contra viento y marea, con objeto de seguir controlando la entidad, aun con todo en su contra, y al mismo tiempo van a experimentar las estrategias y prácticas que habrán de usar en la campaña electoral de 2018, como en otras ocasiones han utilizado al estado de México, aun cuando este candidato ocupe ahora el tercer lugar en una encuesta realizada por el mismo partido, por debajo de las preferencias del aspirante de la alianza PAN-PRD (Miguel Ángel Yunes Linares) y del maestro Cuitláhuac García, del partido Morena, encabezado por López Obrador.
No es difícil suponer que en estas circunstancias el PRI recurra a sus peores prácticas, incluidos el uso del miedo y la desinformación, como ha hecho en otras ocasiones, además de los acarreos de votantes comprados y la alteración de actas correspondientes a las zonas rurales, en complicidad con el órgano electoral, totalmente desprestigiado por quienes lo constituyen y presiden.
Por este motivo, en Veracruz se hace necesaria la presencia de observadores de comicios de la sociedad civil, como sucedió en las elecciones federales de 1994, cuando la sociedad toda estaba consciente de la capacidad de Carlos Salinas para alterar los resultados, como lo había hecho antes en varios estados, luego de su propia elección. La importancia que habrá de tener una acción como la que aquí se propone reside en que puede abrir el camino para impedir la conformación de un nuevo fraude electoral en 2018 y las consecuencias que ello tendría para la nación entera.
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