sta semana se inauguró una nueva maniobra de las autoridades laborales para impedir a toda costa el ejercicio del derecho de huelga en nuestro país y así dejar impecable la estadística oficial de cero huelgas, símbolo de la paz laboral de la administración de Peña Nieto.

Se trata de los 600 trabajadores académicos y administrativos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con sede en Hermosillo, Sonora, y sus extensiones en distintas regiones del país, institución con más de 30 años de vida, que se ha ganado un gran prestigio en su campo. El contexto: la revisión que conforme a la ley se debe llevar a cabo cada dos años al contrato colectivo de trabajo. En condiciones normales se hubiera llegado a un acuerdo; así lo ha demostrado la Red de Sindicatos Democráticos de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt, a pesar de la precaria política salarial impuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de incrementar tan sólo 3.15 por ciento a los salarios, menor aún a 4.2 por ciento otorgado a los mínimos, política que ha generado una constante degradación en las remuneraciones de los académicos e investigadores en todo el país, ocasionando una creciente fuga de cerebros.

En el caso del CIAD existen elementos particulares que dificultaron el entendimiento laboral. En primer lugar, la resistencia de la institución a tratar la problemática de la seguridad social. Sus trabajadores no están protegidos por institución alguna, a pesar de lo que señala la ley. No se encuentran afiliados ni al Issste ni al IMSS, sino que el propio CIAD creó un fideicomiso, cuyos recursos y servicios son cada vez más raquíticos. Un segundo elemento es el abandono, por parte de su director Pablo Wong, en el ejercicio de su gestión; basta señalar que el pliego de peticiones que le fue notificado desde el 18 de diciembre de 2015 fue revisado por él hasta el 22 de febrero de este año, ocho días antes de concluir la negociación. Se negó incluso, al llamado de las autoridades para conciliar el conflicto. Un tercer factor desfavorable al acuerdo fue la negativa de la institución a formular una propuesta clara en materia de incremento salarial. Todo fue evasivo.

Al no encontrar una mínima respuesta a sus peticiones, como era de esperarse, la asamblea de trabajadores no tuvo otra opción que estallar la huelga el primer minuto del primero de marzo. Las autoridades laborales se abstuvieron de conciliar activamente, asumiendo una actitud parcial en favor de la institución. De manera sorpresiva, 40 minutos después de iniciada la acción en todos los centros laborales del país, resolvieron declararla improcedente, decisión que ha generado una gran indignación. Parece increíble que hayan argumentado que la huelga es improcedente porque el sindicato no había señalado personal de emergencia. Toda una ocurrencia.

No existe antecedente en la ley, en la jurisprudencia, ni en la doctrina que condicione el ejercicio del derecho de huelga a que el sindicato señale personal de emergencia, porque tal derecho corresponde al patrón cuando considere que es necesario designar trabajadores que continúen labores de mantenimiento. En este caso, aún sin tener obligación, el sindicato, a petición de la Junta, propuso dicho personal por escrito; sin embargo, la autoridad alegó absurdamente que se debió haber hecho el mes anterior. Por otro lado, la grotesca resolución del representante del gobierno ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se dictó en el texto de la audiencia de conciliación, iniciada desde las cinco de la tarde y continuada artificialmente hasta después de estallada la huelga; esto es, la Junta se negó a concluirla antes del estallamiento para esperar primero confirmar que los trabajadores suspendían las labores y después, como una trampa, descalificar el movimiento. Una referencia a la ley exhibe la ilegalidad de la decisión gubernamental. El artículo 926 de la Ley Federal del Trabajo señala textualmente: La Junta citará a las partes a una audiencia de conciliación, en la que procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, justificación o injustificación de la huelga. Esta disposición es clara para evitar la maniobra que hoy lleva a cabo la Junta Federal, provocando un verdadero galimatías, no sólo por lo infundado de su resolución, sino por dictarla después de estallada la huelga, cuya impugnación legal corresponde en todo caso al patrón, que cuenta con 72 horas posteriores a la suspensión de labores para solicitar su inexistencia. Si no lo hace, se considera existente.

La conducta del representante del gobierno federal repite con argumentos distintos la manipulación de esta audiencia conciliatoria para impedir el derecho de huelga. El pasado noviembre inventó otras causales en contra del Sindicato de los Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Estas decisiones, contrarias al más elemental estado de derecho, son muestra clara de la subordinación de las autoridades laborales a las consignas del Poder Ejecutivo y fortalecen la exigencia de una reforma al sistema de justicia para que existan jueces imparciales que ajusten su conducta a la ley. Sin embargo, todo indica que el gobierno no piensa renunciar a ser juez y parte. Así lo demuestra el curso de los trabajos de la llamada reforma laboral, que de manera encubierta se lleva a cabo en Palacio Nacional, bajo la conducción de la Consejería Jurídica de la Presidencia, más allá de los foros de consulta que carecen de relevancia y en nada inciden en la dura realidad que hoy presenciamos.

Por ahora, lo importante es hacer causa común con los y las trabajadoras del CIAD. En primer término, contrarrestando la falsa información de que incurrieron en errores técnicos. He tenido a la vista la documentación enviada por el sindicato y su apoderada legal, y es evidente que cumplieron con todos los requisitos de ley. Como dirían los abogados: la estallaron en tiempo y forma. Lo demás es tratar de desviar la atención sobre los verdaderos responsables de este conflicto, como siempre.