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Exigen organizaciones a Honduras que esclarezca ya el homicidio de la lideresa indígena

Protestas en AL, EU y Europa por el asesinato de Berta Cáceres

Funeral de la ambientalista deriva en protesta social de cientos contra el gobierno de Tegucigalpa

La también activista pro derechos fue baleada el jueves; murió en un robo, dicen autoridades

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El cuerpo de Berta Cáceres fue trasladado a La Esperanza, su ciudad natalFoto Xinhua
 
Periódico La Jornada
Sábado 5 de marzo de 2016, p. 17

Tegucigalpa.

Desde Leonardo DiCaprio, flamante premio Óscar, actor y activista, hasta organizaciones ambientalistas en Europa reclamaron ayer al gobierno de Honduras esclarecer el asesinato de Berta Cáceres, hondureña que pugnaba por la defensa del medioambiente, los pueblos indígenas y los derechos humanos en América Latina.

La activista fue ultimada a tiros en su domicilio la madrugada del jueves, en lo que las autoridades calificaron de robo.

Entre gritos de justicia y la lucha sigue, miembros del Movimiento Popular de Honduras convirtieron este viernes en protesta social de gran magnitud el funeral.

Más de mil personas recibieron en un centro social sindical a la familia de Cáceres, el féretro con el cuerpo de la mujer y ex coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras antes de ser trasladada a su ciudad natal, La Esperanza, 200 kilómetros al noroeste de la capital, donde fue ejecutada.

Noticias increíblemente tristes llegan de Honduras esta mañana. Debemos honrar las valientes contribuciones de Cáceres, escribió DiCaprio en su cuenta de Twitter.

El cantante del grupo Calle 13, el puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, expresó también en Twitter: Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. El asesinato de Berta Cáceres multiplicará la lucha.

Devastadoras noticias, posteó la escritora y cineasta canadiense Naomi Klein. Berta era una lideresa muy importante y firme defensora de la tierra. (El crimen) es parte de una ola mundial de ataques de este tipo.

El asesinato de la lideresa es un crimen horrendo y un golpe a los derechos humanos del pueblo. Que se esclarezca el asesinato ya, pidió en Twitter el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

La mexicana Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, aseveró en un comunicado que ese organismo eleva su voz para exigir justicia, para demandar el respeto y la protección de todos aquellos que como Berta, a lo largo de América Latina, empeñan su vida en construir derechos para todos.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se sumó a las protestas y destacó que Cáceres trabajó por defender el derecho de sus conciudadanos al acceso a recursos naturales, en especial el agua, uno de los objetivos que está en el corazón de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Asociación pro Derechos Humanos de España fue una de las numerosas organizaciones civiles que se pronunciaron en América Latina, Estados Unidos y Europa. Exigió una investigación y el inmediato proceso contra los culpables.

Cáceres, de 43 años, fue fundadora y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. En meses recientes encabezó la lucha por la defensa del río Gualcarque, en el noroccidental departamento de Santa Bárbara, donde una compañía se propone construir una represa hidroeléctrica, la cual dejaría sin agua a cientos de indígenas de la etnia lenca, a la que pertenecía la ambientalista.

Este viernes, en un comunicado en el cual condena enérgicamente el asesinato de Cáceres, el Consejo Indígena de Centroamérica denunció desde San Salvador que los territorios y la forma de vida de las comunidades indígenas están amenazados en todo el istmo por la construcción de represas, complejos turísticos o residenciales y carreteras, entre otros.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su repudio por el crimen. Asimismo, consultó sobre las razones por las que no se adelantaba una investigación destinada a remover los factores de riesgo que perpetuaron los continuos hechos de violencia y hostigamientos en su contra.