La Procuraduría General de la República (PGR) se mantendrá atenta a los juicios de extradición que se han instruido en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Si él y sus abogados deciden renunciar a sus derechos, será una cuestión entre particulares, señalaron colaboradores de la procuradora Arely Gómez.

Guzmán Loera está a disposición de jueces federales y deben desahogarse los procesos judiciales en su totalidad, si llega a un acuerdo para ser entregado, primero tienen que concluirse los juicios en México, los acuerdos de su entrega o no a otras autoridades es una cuestión entre particulares, señalaron los funcionarios consultados.

Señalaron que si Guzmán Loera estuviera en libertad podría acordarlo y él entregarse a esas autoridades, pero ahora está a disposición de jueces y procedimientos jurídicos que deben ser agotados y en los que se definirá su situación y si es procedente para las autoridades mexicanas hacer su entrega a quienes lo demandan en otros países.

Lo anterior fue declarado ante los señalamientos del abogado José Refugio Rodríguez Núñez, defensor de Guzmán Loera, quien ha señalado que el líder del cártel de Sinaloa le ha solicitado que acelere su extradición a Estados Unidos y negocie con ellos las condiciones de su entrega.

En entrevistas radiofónicas, el litigante sostuvo que durante su visita más reciente a su cliente, quien se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano, éste le solicitó acelerar la extradición, porque ya no soporta la situación que vive en el penal, sobre todo porque se le pasa lista cada cuatro horas y presuntamente su estado de salud se ha deteriorado, debido a que no lo dejan dormir.

Platiqué con él y me pidió, me suplicó, que buscara lo más rápido posible tramitar la extradición, porque ya no soporta la situación que vive aquí, declaró el litigante.

Las fuentes consultadas señalaron que la PGR no emitirá ningún pronunciamiento oficial, “porque el Ministerio Público Federal desahogará y cumplirá lo que la Constitución exige, que es dar seguimiento a los procesos y juicios de extradición en curso y Guzmán Loera tiene dos casos ante juzgados federales.

El Ministerio Público no puede ni debe pronunciarse sobre la viabilidad o no de que una persona se entregue a autoridades extranjeras, porque lo primero que se debe considerar es que las leyes mexicanas señalan que a toda persona acusada de un delito debe acreditársele su responsabilidad y si los ilícitos fueron cometidos en el extranjero, ya que son los jueces quienes determinan la legalidad de las imputaciones, a la PGR corresponde dar trámite a las solicitudes y poner a disposición de los impartidores de justicia a las personas señaladas.