Abogados defensores de los derechos de las víctimas pidieron al ministro Arturo Zaldívar que al momento de elaborar la redacción del engrose del amparo concedido ayer por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la madre y a una hermana de dos salvadoreños cuyos cadáveres fueron encontrados en 2011 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, establezca que las copias deben ser gratuitas.

El amparo ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) darles acceso a los expedientes, peritajes y averiguaciones previas, además de entregarles las copias certificadas o simples que requieran.

Entrevistados por separado, los abogados Jesús Alberto Guerrero Rojas y Fernanda Contreras coincidieron en señalar que si la Corte no indica en el engrose del amparo la obligación de la gratuidad de las copias de una averiguación previa, en los hechos se hará nugatorio el derecho humano a la tutela judicial efectiva y al debido proceso que está reconociendo la primera sala a las víctimas de delito.

La Ley Federal de Derechos, en su artículo cinco, ordena a la PGR que tratándose de la expedición de copias simples o certificadas de documentos se cobre a valor de carta u oficio 17 pesos por cada hoja. Por ejemplo, si estamos hablando de un expediente con más de tres tomos que incluyan unas 50 mil constancias de autos a fotocopiar serían poco más de 800 mil pesos. ¿Qué víctima puede pagar eso? Ninguna. Y a eso hay que sumar que las indemnizaciones que reciben muchas veces no superan los 500 mil pesos. Es absurdo, se hace nugatorio el derecho, dijo Alberto Guerrero.

El doctor en derecho y abogado de los familiares de una persona fallecida durante la explosión en el edificio B-2 de Petróleos Mexicanos (Pemex), añadió que el ministro Zaldívar debe manifestar en el engrose que los derechos humanos de las víctimas están por encima del objetivo recaudador y de ingresos de cualquier autoridad pública.