Familiares de las víctimas de la matanza de 72 personas –procedentes de Guatemala, El Salvador y Brasil–, ocurrida en 2010 en San Fernando, Tamaulipas, demandaron a las autoridades mexicanas que se revise caso por caso, porque hasta la fecha no hay certeza de que los restos que les entregaron sean de los asesinados.

Los quejosos lamentaron que a casi seis años de los hechos aún no se sepa qué pasó ni cómo ocurrió la muerte de los migrantes, y destacaron que en un encuentro que sostuvieron este día con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), en 10 minutos que los atendieron les dijeron únicamente que siguen investigando.

Alma García, de la Fundación para la Justicia, quien representa legalmente a algunos de los demandantes, lamentó la falta de respuesta del gobierno mexicano a las solicitudes de justicia. La activista fue entrevistada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde familiares de las víctimas acudieron a pedir ayuda a los ministros de la primera sala, quienes hoy revisarán el amparo que presentaron dos salvadoreñas que exigen que el Estado mexicano las reconozca como víctimas para tener acceso a las investigaciones y peritajes sobre esos hechos,

García comentó que las víctimas señalan que a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en 2013 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ni los muertos ni sus familiares fueron registrados como víctimas, por lo que no han tenido acceso a ninguna reparación del daño.

Por la tarde, los familiares de los migrantes asesinados solicitaron la intervención de la CNDH a fin de lograr la identificación plena de los cuerpos y pidieron asistencia en los trámites para la reparación del daño que ordena la ley.

Al recibir en sus oficinas a una treintena de familiares, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, se comprometió a impulsar la agilización de la reparación del daño y que esto se materialice lo más pronto posible.

Además, indicó que la CNDH estará en comunicación con la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, y procurará estar presente en la comisión forense, instancia encargada de realizar los estudios correspondientes, a fin de dar certeza a los familiares.

Por otra parte, la primera sala de la SCJN resolverá hoy el amparo presentado por las salvadoreñas Bertila Parada de Osorio y Alma Yeseña Realegeño, madre y hermana respectivamente, de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño, quienes forman parte del grupo de 120 migrantes asesinados en San Fernando.

La demanda exige que tanto ellas como sus familiares sean reconocidos como víctimas de delitos de lesa humanidad, así como tener acceso al expediente y la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República. También piden que la Fundación para la Justicia sea reconocida como víctima para que tenga acceso a la indagatoria.

El proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Jorge Pardo Rebolledo, ordena a la PGR que realice las diligencias necesarias para comprobar si las quejosas son familiares de las víctimas y, de ser así, que se les reconozca como víctimas, no así a la organización que las representa.