as deportaciones han mostrado una reducción desde 2012, pues pasaron de 409 mil 489 personas a 235 mil 413 en 2015. Se señala que en este último año, 59 por ciento fueron criminales convictos, es decir, condenados en Estados Unidos por uno o más delitos considerados menores, que no incluyen las infracciones de tráfico civil. En cambio mil 40 individuos sí fueron clasificados como peligrosos por su participación en pandillas delictivas. Cuarenta y uno por ciento fueron deportados por violaciones a las leyes de inmigración no criminales, es decir, por ser indocumentados (US Immigration and Customs Enforcement, ICE), y la mayoría fueron aprehendidos cerca de la frontera o en puertos de entrada.
Human Rights Watch (HRW) señala que estas deportaciones son resultado de un conjunto de leyes de dureza desproporcionada, pues en muchas ocasiones los delitos están relacionados con posesión menor de drogas, o violencia familiar, lo que, sin embargo, puede llevar a la expulsión, aun de los residentes permanentes legales, sin importar si estos delitos ocurrieron hace décadas. Se ha destacado la tragedia que supone para los dependientes, pues quedan separados con la detención primero y después la deportación de su familiar, sin ninguna posibilidad de revertir la orden. Lo que parece un sinsentido es castigar con la deportación a un residente legal por posesión menor de droga cuando en Estados Unidos se están incorporando muchos estados que han legalizado la droga para uso personal.
Esta es una de las consecuencias trágicas para seres humanos que tuvieron que dejar México e iniciar el camino de la migración forzada ante la falta de oportunidades. Pero ahora que se encuentran en México bajo la figura del deportado
están enfrentando un nuevo calvario, ante la mirada prácticamente indiferente de las autoridades federales, como se explica a continuación.
Si bien hay 15 puntos de repatriación, un tercio de todos los deportados se suelen enviar a Baja California, muchos de los cuales se quedan en Tijuana, ciudad fronteriza que está recibiendo la mayor cantidad de personas deportadas. Esto parece explicarse por el hecho de que estas personas se sienten más cerca de sus familias en Estados Unidos, además de que desde ahí les es más fácil cruzar de nuevo. Algunos logran regresar a sus lugares de origen utilizando los boletos de avión y de autobús que el gobierno mexicano ofrece en forma limitada; sin embargo, alrededor de un tercio se quedan en Tijuana ( National Geographic, 2014).
Estos seres humanos enfrentan una enorme cantidad de problemas. Uno tiene que ver con haber vivido muchos años en Estados Unidos. En este sentido, por un lado, ya no tienen conocidos en México, pero lo peor es que tienen problemas para demostrar su nacionalidad mexicana, por lo que se encuentran en el limbo jurídico. Por tanto, no sólo enfrentan nuevamente la tragedia de la indocumentación, pero ahora en su propio país, sino que esta condición resulta uno de los mayores obstáculos para su inserción productiva, pues difícilmente encuentran trabajo. Como señala National Geographic, muchos no tienen más opción que pasarse el día limpiando parabrisas en los semáforos o vendiendo frutas. Es fácil suponer que ante la desesperanza por la falta de posibilidades de acceder a una vida normal, son presa fácil de los cárteles, los que, abusando de la extrema vulnerabilidad de estas personas, pueden fácilmente obligarlas a trabajar para estas organizaciones delictivas. O bien los secuestran y extorsionan a la espera de obtener dinero de sus familiares en Estados Unidos. En el estudio realizado por el Centro Woodrow Wilson, con sede en Washington, organización especializada en temas de seguridad, se señala que “con el incremento de las deportaciones a México desde Estados Unidos se ha favorecido la capacidad operativa de los cárteles mexicanos en la región”.
Lo inaceptable es que el gobierno federal, conociendo las condiciones en las que se encuentran esas personas, acuerde con Estados Unidos que bajo el llamado Programa de Repatriaciones, se aumente de dos a tres los vuelos semanales cargados con deportados, y se compromete el país vecino a que estos viajes se realicen en horarios diurnos y se limiten a 11 puntos fronterizos y a la Ciudad de México. El problema central es que el gobierno mexicano no ha construido ninguna política de integración para estos deportados, ni se ha creado una institución que los proteja, por lo que en México estas personas seguirán viendo cómo se violan sus derechos, de vivir libre sin violencia, a la unidad familiar y a un trabajo digno.
El gobierno mexicano abdica de su deber, situación muy diferente de lo que ha hecho el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con su programa de apoyo y acompañamiento para las personas repatriadas o deportadas llamado Bienvenido a Casa.
