Durante el movimiento social vivido en Oaxaca durante 2006 y 2007, el Estado violó de manera masiva y sistemática los derechos humanos. A las detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes se sumaron también la tortura y las desapariciones forzadas, además de que hay elementos suficientes para sostener que nueve homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales. Se presume la existencia de crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior se señala en el informe final de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO), encargada de investigar los hechos ocurridos hace 10 años en esa entidad. El documento agrega que el ex presidente Vicente Fox declaró –al ser citado por dicha comisión– que su sucesor, Felipe Calderón, ejerció presión para enviar a las fuerzas federales a ese estado, ya que de eso dependía garantizar que el PRI estuviera presente en la asunción del primero de diciembre de 2006.

Sin embargo, Fox asumió ante la CVO la decisión y responsabilidad final del operativo efectuado en la entidad, gobernada en ese entonces por el priísta Ulises Ruiz; todo ello en medio del conflicto poselectoral de 2006.

Asimismo, explicó que esta decisión rompió un paradigma que existía en la institución presidencial después de la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México, el cual impedía a los presidentes de la República ordenar la represión directa en contra de un movimiento social.

Incluso, el ex mandatario guanajuatense consideró que el operativo implementado en Oaxaca el 29 de octubre de 2006 acabó con lo que consideró el síndrome presidencial de Tlatelolco –en el que ningún presidente quería ser Gustavo Díaz Ordaz–, y aseguró que, a continuación, su sucesor, Felipe Calderón, mantuvo y acrecentó las acciones represivas directas en contra de los movimientos sociales bajo el contexto del combate a las drogas.

El amplio informe, titulado ¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca, resultado de 17 meses de investigaciones, fue entregado ayer a los tres poderes del Estado, y se realizaron los trámites administrativos para el cierre de la gestión de la CVO, instancia creada por el Congreso estatal y cuyos integrantes fueron Marina Patricia Jiménez y Diego Enrique Osorno, con la presidencia del sacerdote Alejandro Solalinde.

Esa instancia pedirá a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dar seguimiento a los casos de abuso, aunque el informe no es vinculatorio.

Advierte que a casi una década de los acontecimientos, no hay estadísticas fiables y concretas. La CVO presenta en sus anexos los nombres de 373 víctimas, pero no incluye a familiares ni a otras víctimas que, por diversas razones, no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.

Las detenciones respondieron a un patrón de actuación por parte del Estado. En primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura. En su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, los cuales llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos, donde las torturaban, dice el informe, el cual cita que la cadena de custodia de los detenidos llegó hasta el Ejército.

La CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto 2006-2007, incluyendo al ex gobernador Ulises Ruiz. Solamente atendieron este llamado el ex presidente Fox y el ex secretario de Salud estatal Martín Vázquez. En su apartado de anexos se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que las víctimas entrevistadas señalan de manera directa como perpetradores o participantes del conflicto.

En una larga lista de recomendaciones, la comisión pide a la Fiscalía General del estado que retome las indagatorias en contra del ex gobernador Ulises Ruiz y funcionarios de su gobierno; a la Procuraduría General de la República, que revise las demandas penales dirigidas en contra de las administraciones federales de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón, y a los congresos federal y estatal, revisar la actuación que en ese momento tuvo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Del actual gobierno de Gabino Cué, la CVO afirma que no hubo un real aporte para la justicia transicional, e incluso le pide que sean destituidos algunos funcionarios, por estar involucrados en las violaciones graves a los derechos humanos de hace 10 años.