Xalapa, Ver.

En medio de una solicitud de juicio político en su contra y críticas por el uso indebido de recursos públicos, derivados del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la cuenta pública 2014, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aseguró que no se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno.

El mandatario priísta retomó la frase de campaña del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa al asegurar: Tengo las manos limpias y vengo con la frente en alto a decirles a los veracruzanos lo que pasa.

Duarte de Ochoa ofreció un mensaje y rueda de prensa ayer por la mañana en la explanada de palacio de gobierno, acompañado de su familia, así como de diputados locales y federales, algunos ex funcionarios de gabinete, señalados por la ASF por mal uso de recursos.

Primero se refirió a las observaciones realizadas por el órgano fiscalizador al recurso público ejercido durante los primeros años de su administración, iniciada el 1º de diciembre de 2010.

Explicó que en su momento, todas las observaciones se han atendido en los tiempos que marca la ley, dentro del proceso de solventación.

En cuanto a las denuncias interpuestas por la ASF ante la Procuraduría General de la República, en aquellos casos en que no se pudo solventar el uso de recursos, subrayó que cada uno de los hechos que las motivaron fueron atendidas, esclarecidas y determinadas por la autoridad ministerial.

En la segunda parte de su intervención, Javier Duarte se refirió al informe de la cuenta pública del ejercicio 2014, dada a conocer hace una semana, en la que el estado de Veracruz se llevó la peor calificación de auditoría a nivel nacional.

Puntualizó que el proceso de solventación no se ha iniciado; estamos actuando con toda responsabilidad para rendir cuentas claras, y con plena transparencia.

Lamentó que algunos actores hayan utilizado esa información para externar argumentos característicos de confrontaciones político-electorales.

Se han hecho especulaciones, declaraciones fuera de lugar, y no ha faltado quien ha pretendido confundir a la opinión pública, faltando a la verdad con argumentos característicos de confrontaciones político-electorales, reprochó.

El político priísta insistió en que su gobierno actúa con responsabilidad y transparencia. Explicó que empresas de auditoría externa certifican constantemente el destino de los recursos.

En relación a las críticas en su contra, puntualizó: Quiero dejar en claro que gobierno para todos los veracruzanos, no para quedar bien con uno u otro medio, y desde luego, tampoco obedeciendo presiones electoreras.

A los actores políticos que lo han cuestionado –entre ellos el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, así como los precandidatos del PRI y de la alianza de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa y Miguel Ángel Yunes Linares, respectivamente, les externó:

No creo en la política del descrédito, de la confrontación estéril, ni de la condena oportunista. No es lo que queremos los veracruzanos; no es lo que merece Veracruz.

Y agregó: Mi trabajo se da en la esfera de la realidad, no de la imaginación; de las decisiones que tomamos dependen vidas y es mi obligación atender las prioridades de los veracruzanos.

Hace una semana, la ASF dio a conocer el informe de la cuenta pública 2014, en el que se observó a Veracruz el uso de 14 mil 47 millones 100 mil pesos, que aunado con los recursos sin solventar de 2011, 2012 y 2013, suma 35 mil 421 millones 700 mil pesos.

El reporte del órgano fiscalizador, que detectó desvío de recursos públicos en áreas como el fomento al deporte, incentivos a la educación, seguridad pública y combate a la pobreza, desataron una oleada de críticas en contra de la administración actual.

Incluso, Beltrones declaró que Duarte de Ochoa debía rendir cuentas claras a los veracruzanos y explicar el uso de los recursos públicos. Mientras, el Senado de la República envió al Congreso federal una solicitud de juicio político contra el gobernador priísta.