La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), en coordinación con su homóloga del estado de México y la federal han endurecido sus procedimientos para recibir y tramitar las demandas de carácter colectivo, dando atención prioritaria a las del ramo de la construcción, ante la incidencia de extorsiones por seudosindicatos que en algunos casos han derivado en el secuestro de sus directivos.

De acuerdo con un diagnóstico interno, se tienen identificados cinco grupos de golpeadores, cuyos miembros son ex presidiarios, quienes cometieron delitos de alto impacto como robos, violación, asalto, homicidio, extorsión y secuestro, y se alquilan a quien pague sus honorarios.

Normalmente, precisa, actúan en grupos de entre cinco y 20 personas para intimidar a abogados, empresarios y dirigentes sindicales para obligarlos a disistirse de demandas y, si se trata de alguna empresa importante por el número de trabajadores, llegan a participar hasta 200.

Para evitar una posible denuncia depositan una demanda por titularidad o firma de contrato en la oficialía de partes para obtener el sello de la autoridad y justificar la toma de las instalaciones, argumentando un conflicto sindical, ante el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Con ello impiden a la autoridad desalojarlos de los plantones y obligan a la empresa a entrar a negociaciones, donde le solicitan muchas de las veces cantidades millonarias, siendo la industria de la construcción la más afectada, porque tiene tiempos a cumplir para evitar sanciones, indica.

De no lograr la cantidad exigida, amenazan con secuestrar al abogado, representante legal o directivos, con resultados positivos, sobre todo porque los empresarios no denuncian, por temor, táctica sugerida por sus abogados o porque consideran esa pérdida como parte del negocio, señala.

La implementación de medidas más enérgicas en la recepción y tramitación de demandas colectivas ha inhibido las simuladas y reducido de 10 a la mitad el número de grupos de choque, los cuales son: Los Lazcano, un núcleo familiar que trabaja con diversos abogados patronales y ex funcionarios de la JLCA, que renta, mediante pago o amenazas, registros sindicales.

Los Rambo, especializado en extorsionar a empresas, principalmente del ramo de la construcción; Los Chiquiticos, integrado por golpeadores del estado de México y de la colonia Morelos, y El Godzilla, que ofrece sus servicios para golpear, intimidar y extorsionar. Ninguno cuenta con registros sindicales.

Otro es Los Molachos, dedicado a realizar desalojos, que se vende al mejor postor, además de que se tiene identificadas a personas como Ezequiel Morales, alias El Grava; Hugo Bello Valenzo; Miguel Ángel, alias Mi Rey, y Alejandro Mortenkorter.

Por ello, afirma, se requiere la coordinación y apoyo de la Procuraduría General de Justicia para actuar y detener en flagrancia a estas personas, pues, conocedoras de que no son vigiladas, operan sin el menor recato, sobre todo porque el cuerpo de seguridad que se tiene carece de preparación para disuadir, prevenir y corregir actos delictivos en las instalaciones del organismo, que ha vivido episodios de violencia y extorsión, y que se están revirtiendo.