Un juzgado federal confirmó la validez de un convenio con el que se pretenden restructurar los adeudos de la empresa de vivienda Urbi y 15 de sus filiales, por lo que dio por terminado el concurso mercantil de la firma comenzado en diciembre de 2014.

José Luis Horta, secretario encargado del juzgado quinto de distrito en Mexicali, Baja California, consideró procedente el convenio para restructurar pasivos por 36 mil 436 millones de pesos, aprobado por los dueños de aproximadamente 63 por ciento de la deuda.

De su lado, el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna AC emitió un comunicado para informar que los acreedores de Urbi que avalaron ese convenio están obligados a asumir la deuda de indemnización que tiene la viviendera con miles de personas que adquirieron créditos para pagar sus casas a 15 o 20 años (principalmente en el estado de México), pero que recibieron inmuebles construidos con material de mala calidad, sin contar con todos los servicios de urbanización y que además les fueron vendidas a un sobreprecio hasta de 40 por ciento.

El convenio y rescate de la quiebra de Urbi obliga a sus acreedores a hacer frente a las demandas que tenemos contra la viviendera y que tiene como finalidad que se indemnice a las familias que fueron defraudadas, señala en un comunicado la organización civil que encabeza José Humbertus Pérez Espinoza.

El activista se encuentra preso desde noviembre pasado en el penal de Chiconautla, estado de México, acusado de supuestos robos a casa habitación con uso de arma, en lo que el propio Pérez Espinoza ha calificado de acciones de venganza en su contra por vivienderas y funcionarios del estado de México, en represalia por los litigios mercantiles que ha ganado el Frente Mexiquense a organizaciones como Urbi, Geo y Sadasi.

Pérez Espinoza hizo un llamado a los interventores (figura jurídica prevista en la Ley de Concursos Mercantiles que permite a un acreedor nombrar a un representante) que participan en el concurso mercantil de Urbi, para que todos los acreedores que llegaron a un acuerdo con la viviendera, con la finalidad de evitar su quiebra (el acuerdo incluye un plan de pagos y el refinanciamiento de la banca de desarrollo) entiendan que todas las compañías y/o acreedores que saldrán al rescatede Urbi heredarán la obligación de indemnizar a cientos de familias defraudadas por esa constructora, al vender casas a sobreprecio y sin contar con los servicios urbanos a los que estaban obligados por ley.

El convenio con los acreedores incluye una inyec-ción de capital por mil 73 millones de pesos.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación informaron que el nuevo capital lo pondrá un fondo de inversión de California que por ahora no quiere revelar su identidad. Pimco, uno de los fondos de inversión más importantes de aquella entidad, es uno de los principales acreedores de Urbi.