La puesta en marcha del Programa de Fomento a la Agricultura (Procura) impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) durante 2014 reportó irregularidades por montos superiores a los 300 millones de pesos, debido a que se entregaron beneficios a empresas no vinculadas al ramo agropecuario, se reportaron obras concluidas sin evidencia de su finalización, se triangularon recursos con instituciones académicas sin capacidad técnica y se acreditaron gastos con facturas canceladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2014 realizado por la Auditoría Superior de la Federación, la Sagarpa ejerció además recursos superiores por 24.9 millones de pesos a los 568 millones de pesos que le fueron autorizados para dicho programa, sobrejercicio que se cubrió con partidas correspondientes a otros programas de la dependencia.

En la auditoría practicada al programa se observó que 12 beneficiarios que recibieron apoyos por un total de 16 mil 200 pesos, de acuerdo con su cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su actividad no está vinculada con las del sector agropecuario, por lo cual no se tiene la certeza de que dichos beneficiarios correspondan a productores u organizaciones que se dediquen a actividades primarias, de transformación y comercialización, o agregando valor a la cadena productiva.

Así, la Sagarpa entregó apoyos a empresas de Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí cuyo ramo esta dedicado, entre otros, a instituciones de depósito de valores, autotransporte de carga en general, servicios de alquiler de automóviles sin chofer, alquiler de oficinas y locales comerciales, actividad de comercio al por mayor de pintura, comercio al por menor de computadoras, comercio al por menor de regalos y servicios de apoyo a negocios.

Sin embargo, las irregularidades que mayor impactaron en el presunto daño patrimonial fueron los correspondientes a 210 proyectos que se apoyaron con incentivos por un total de 171.3 millones de pesos, en donde la Sagarpa, a la fecha de la finalización de la auditoría –diciembre de 2015, es decir, casi un año después del cierre del ejercicio sujeto a revisión– no ha podido demostrar que esas obras han concluido en tiempo y forma, a pesar de los convenios modificatorios para prorrogar las fechas.

Otros 89 millones de pesos no acreditados por la Sagarpa corresponden a 129 proyectos que la dependencia reportó como 100 por ciento concluidos, sin que exista la documentación, de acuerdo con la norma, donde se haga constar el finiquito y conclusión de la obra.

Uno de los rubros donde la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace particular énfasis porque refleja, dice, responsabilidad en no supervisar ni vigilar los contratos otorgados, es lo relacionado con triangulaciones que involucran a instituciones académicas, como la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, a las que, sin acreditar capacidad técnica, se les otorgaron funciones para la dispersión de recursos.

Esta operación generó ineficiencia en el ejercicio del gasto, evidenció retrasos de entre tres y nueve meses en la entrega de recursos a los beneficiarios e incidió en un costo, en el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, de casi un millón de pesos por esta operación.

La ASF también detectó que 12 beneficiarios del programa en Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Puebla y la región lagunera acreditaron gastos con facturas que previamente habían sido canceladas por el SAT, por lo que existen indicios de que buscaron justificar gastos con documentación inválida.

Asimismo, en el caso de 355 beneficiarios, la Sagarpa concedió ampliación en la ejecución de proyectos por plazos superiores a lo que establece la normatividad del programa.