Incomunicado y torturado en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala para que se declarara culpable de secuestro, Juan Carlos Yañez Osornio, ex delegado de la Policía Estatal Acreditable en el municipio de Apizaco, enfrenta desde hace más de un año cuatro procesos judiciales plagados de irregularidades.

Aracely Gómez Elizalde, su esposa, ha tenido que vender los bienes reunidos durante más de seis años de matrimonio para tener una defensa legal y poder trasladarse a la Ciudad de México para poder verlo.

El ex oficial, recluido en el Centro de Readaptación Social de Apizaco, enfrentará dicultades para ver a su hijo Iker, de apenas tres años de edad. Con las nuevas disposiciones del penal, el menor también deberá ser sometido a una ‘‘estricta revisión’’ por personal de custodia, pero ahora por un filtro distinto y alejado por el que es revisada regularmente su madre. ‘‘Tengo miedo de que le pase algo, es perderlo de vista, dejarlo solo varios minutos con los custodios’’, dice la señora Gómez, quien ha decidido ya no llevar al pequeño.

En diciembre de 2014, apenas un mes antes de su detención con otros seis elementos policiacos, Yañez Osornio fue premiado por el gobernador de la entidad por varias acciones de combate al narcomenudeo. ‘‘Quienes lo han torturado le dijeron que estaba ahí porque se había metido con su dinero’’, relata la señora Gómez, quien muestra que su esposo había acreditado todos los exámenes de control de confianza establecidos por la ley.

Relata que fue hasta después de tres días de su detención, el 23 de enero de 2015, cuando finalmente pudo ver a su esposo en las oficinas de la procuraduría. ‘‘Sólo lo pude ver dos minutos, no me dejaron más tiempo; siempre es vigilado por policías; tenía moretones en toda la cara, sangre en las manos, sus muñecas cortadas y hablaba con dificultad. Los policías casi lo cargaban, pues no se podía parar. Apenas le dije que ya había contratado un abogado y se lo llevaron’’.

En un examen sicológico, la perito María Reyna Rivera Sosa, designada por el Tribunal de Justicia estatal, acreditó ocho lesiones que apuntan a la comisión del delito de tortura y malos tratos. Jorge Lara Rivera, abogado de Juan Carlos Yañez, afirmó que la defensa ha insistido infructuosamente en la aplicación del Protocolo de Estambul para confirmar la práctica de la tortura. Los siete procesados por este caso han denunciado actuaciones similares de la Procuraduría de Tlaxcala.

Presente en la entrevista, el abogado apunta que el caso de Yañez forma parte de represalias entre corporaciones policiacas, cuando una de ellas se vio afectada en sus intereses, en este caso, en su complicidad con el narcomenudeo.

Dentro del cúmulo de irregularidades cometidas en el proceso hubo una clara violación al derecho de presunción de inocencia, donde intervino de manera directa la procuradora Alicia Fragoso Sánchez, al exhibir el caso de manera anticipada y ordenar la detención de manera arbitraria, sin que mediara una orden. Incluso, declaró falsamente que había una investigación en curso en contra de elementos policiacos, a quienes finalmente se les imputó la comisión del delito de secuestro exprés.

Dentro del periodo de auto de formal prisión no se permitió a la defensa desahogar pruebas que acreditaban que Yañez no estuvo en el lugar ni en el momento ni en las acciones que se le imputan. ‘‘Este es un caso fabricado’’. El abogado añade que agentes del MP han entorpecido el proceso al ‘‘desaparecer y retirarse intencionalmente’’ del juzgado, antes de que las presuntas víctimas llegaran a declarar que no conocen a Yañez y desahogar pruebas a su favor.