l 21 de febrero, casi al borde de dejar a un lado el tacto diplomático propio de su misión como coadyuvante en el caso Iguala, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció una serie de obstáculos, filtraciones ilegales y desvíos de información gubernamentales que ponen en riesgo el acceso a la verdad en torno a las seis ejecuciones sumarias y la detención-desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa la noche del 26 para el 27 de septiembre de 2014.

Sometido a una intensa campaña de propaganda negra mediática orquestada por mandos militares y grupos de ultraderecha de Colombia, Guatemala y México, el GIEI denunció a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Sub­procuraduría Es­pe­cia­lizada en In­ves­tigación de Delin­cuencia Organizada (Seido) por deformar y falsear declaraciones de inculpados y filtrarlas a los medios masivos con propósitos diversionistas –lo que pone en riesgo el cuidado y la secrecía de la investigación– y fragmentar, bloquear y ocultar averiguaciones previas relacionadas con el caso (al menos 12 averiguaciones abiertas por la Seido no se han integrado al expediente central), lo que provoca que el GIEI no tenga acceso completo a las pesquisas relacionadas con la desaparición de los normalistas, con la consiguiente dispersión de información y pérdida de datos e indicios relevantes.

Denunciaron también que la PGR pretende posicionar en la opinión pública una quinta versión sobre los hechos, que plantea, ahora, que sólo 17 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula (ante la inverosímil e indemostrable verdad histórica fabricada por el equipo del ex procurador Jesús Murillo Karam, compuesto por Tomás Zerón de Lucio, Mariana Benítez Tiburcio, Hugo Ruiz Reynaud y Abraham Eslava Arvizu).

El GIEI insistió en que los militares del 27 batallón del Ejército en Iguala que esa noche estuvieron en varias escenas de los crímenes son testigos privilegiados y cuentan con información que pocos o nadie más tiene, incluidas las fotografías y videograbaciones que realizaron algunos elementos, en particular, frente al Palacio de Justicia, donde varios estudiantes fueron detenidos y desaparecidos y sus últimas imágenes fueron captadas por un agente de inteligencia castrense que los expertos identificaron, en su informe, como EM.

Pese a la negativa frontal del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, a que sus soldados sean entrevistados por los integrantes del GIEI –esos extranjeros−, el grupo mantiene su petición, con una variable: que los interrogatorios los realice el Ministerio Público de la PGR, pero en presencia de ellos.

Según planteó la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago −uno de los blancos principales de la campaña de difamación de la Sedena y la ultraderecha vernácula−, los testimonios de algunos militares (que declararon ante la Seido en julio y septiembre de 2015) fueron evasivos, escuetos y con mínimas contrapreguntas. Más que interrogatorios parecieron declaraciones libres; nunca les preguntaron lo que nosotros les preguntaríamos, dijo Buitrago. Entre otras cuestiones, los soldados podrían identificar las placas de los vehículos que intervinieron en la operación, testificar sobre la presencia y actuación de las distintas corporaciones de seguridad y los civiles armados y quiénes eran, además de decir qué hicieron con las fotos y los videos que tomaron.

A estas alturas y luego de que la semana pasada, a 17 meses de los hechos, Enrique Peña Nieto se apersonó por primera vez en Iguala para decir que esa localidad no puede quedar marcada por los trágicos acontecimientos (una variable de su insensible ya supérenlo), resulta evidente que la PGR quiere enredar y dar largas al asunto para que expire el mandato del GIEI y el caso quede inconcluso y sumido en una deliberada confusión, como garantía de impunidad para los verdaderos perpetradores de los crímenes. No en balde el silencio oficial ante el pedido de deslinde público solicitado por el GIEI al gobierno mexicano ante la campaña de difamación e infamia a que ha sido sometido el grupo por oscuros personajes como Isabel Miranda de Wallace, José Antonio Ortega Sánchez, Rafael Herrera Piedra y Ramón Hernández Flores, estos tres últimos integrantes del Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas y El Yunque, quienes han sido señalados por hacerle el trabajo sucio al Ejército Mexicano con apoyo de la prensa patriotera tarifada.

Con falsa inocencia, un columnista preguntó qué razón pudo haber tenido la PGR para fabricar la versión del basurero. La respuesta es sencilla: encubrir y exonerar a los verdaderos perpetradores materiales e intelectuales de los crímenes de Estado y de lesa humanidad de Iguala, y garantizar su impunidad.

Como sus pares genocidas de Colombia y Guatemala, las fuerzas armadas y las distintas corporaciones policiacas mexicanas son cultoras de la necropolítica, categoría acuñada por Achille Mbembe para definir la administración y el trabajo de muerte de las máquinas de guerra oficiales, que en los tres países han operado en contubernio y cohabitación con grupos criminales y escuadrones de la muerte paramilitares, en el marco de una dinámica depredadora organizada de despojo y reterritorialización con fines de dominación económica y sometimiento social, al que sirve un gobierno privado indirecto, difuso y sin escrúpulos que, como en la otrora dictadura haitiana de los Duvalier, ha llevado a una tonton-macutización del país.

Como Acteal, Ojinaga, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y un largo etcétera, Iguala es una expresión más de ese necropoder clasista, deshumanizado, bestializado y normalizado en México. Por eso, cuando el GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense desnudan con argumentaciones técnicas y apegadas a derecho las insanias de la verdad oficial, desde los sótanos del poder se azuza a sus mastines de la ultraderecha cívico-militar y al terrorismo mediático.