La reducción del gasto público de este año por 132 mil 300 millones de pesos, anunciada por la Secretaría de Hacienda la semana pasada, afectará una parte de los recursos federales que reciben los gobiernos de estados y municipios. Las administraciones locales deben poner en marcha medidas de ahorro para hacer frente a la contingencia, consideró la firma de calificación de inversiones Fitch Ratings.

El recorte del gasto podría impactar los recursos por convenios de descentralización y de reasignación, principalmente en los sectores medioambiental, agricultura y salud, anticipó. Lo anterior se suma a la disminución de 17 mil 100 millones en el monto estimado por estos conceptos para 2016, respecto a lo aprobado en 2015, mencionó. La suscripción de dichos convenios se realizará durante el primer trimestre del ejercicio fiscal actual.

Los recursos derivados de convenios son equivalentes a alrededor de 20 por ciento de los ingresos totales que reciben las entidades federativas y son subsidios de la Federación asignados a diferentes ramos administrativos, explicó Fitch Ratings.

El ajuste al gasto anunciado el miércoles de la semana pasada por el gobierno federal será para hacer frente al deterioro en el entorno global, explicaron autoridades.

La reducción fue por 132 mil 300 millones de pesos, de los cuales 100 mil millones corresponden al presupuesto de Petróleos Mexicanos, y 32 mil 300 millones al gasto programable, destinado a las dependencias y programas de gobierno de la Federación.

Del ajuste al gasto programable, 60 por ciento corresponde al gasto corriente, destinado a la operación y el pago de sueldos y salarios, y el resto a gasto de inversión. Alrededor de 80 por ciento de este último se concentra en el sector de comunicaciones y transportes. La rebaja no afectará los programas de la Secretaría de Desarrollo Social, ni aquellos para la seguridad pública, expresaron las autoridades durante el anuncio de la semana pasada.

El recorte no contempla una disminución en las participaciones federales (ramo 28), ni en las aportaciones federales (ramo 33) que perciben los gobiernos locales. Estos ingresos son los más significativos para estos entes, ya que representan cerca de 70 por ciento de sus ingresos totales. Sin embargo, el financiamiento de algunos proyectos de inversión en curso a nivel local y regional, así como su conclusión, podrían trastocarse. Fitch dará seguimiento al efecto de esto en el financiamiento de la inversión pública productiva de las entidades, comentó.

Dentro del ajuste federal al gasto de inversión (13 mil 200 millones), Fitch destacó la disminución en la inversión presupuestada en proyectos carreteros y puentes por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual se redujo 22 por ciento, equivalente a 8 mil 200 millones. En la mayoría de estos proyectos las entidades federativas no participan con recursos propios, dijo la calificadora.

Entre los proyectos en proceso con mayor ajuste presupuestal se encuentran: la fase I del Puerto de Guaymas (260 millones de reducción), el acceso al Puerto de Veracruz (200 millones), la extensión de la Línea A del Metro Chalco-La Paz (2 mil 500 millones) y las partidas concernientes a los trabajos de inspección para la detección de fugas, mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala (242.4 millones), añadió.

Ante este entorno, Fitch considera conveniente que las entidades subnacionales implementen gradualmente medidas de ajuste y de contención del gasto operacional, a fin de contar con un ahorro interno superior y destinar recursos propios mayores hacia el gasto de inversión pública.

En cuanto al recorte en Pemex, en virtud de que se priorizará la inversión en los proyectos más rentables, la agencia dijo que esperará contar con información detallada sobre la misma para evaluar el posible impacto de esta medida sobre las entidades con preponderancia en la producción petrolera del país.