La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para definirlos como sujetos de acciones y políticas públicas, pero rechazó incluir su garantía de recibir fondos que fortalezcan su ingreso y economía.

Con el argumento de que la iniciativa original buscaba obligar a las instituciones federales, estatales y municipales a otorgar apoyo a los adultos mayores y no definía el rubro del presupuesto del que se obtendrían los recursos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside el panista Gustavo Madero Muñoz, corrigió la propuesta.

La comisión sostuvo que la iniciativa tenía fallas de técnica legislativa y vicios de forma, por lo cual consideró suficiente dejar en un enunciado la posibilidad de que ese sector de la población reciba recursos extraordinarios por edad.

En el dictamen, votado por unanimidad, la comisión expuso que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección de los órganos del Estado, ya que su edad avanzada los coloca en muchas ocasiones en una situación de discriminación que se debe combatir a través de la protección reforzada de sus garantías.

La comisión se negó a definir el derecho de ese sector de la población a recibir apoyos, estímulos o subsidios, a pesar de que reconoció que la iniciativa de la diputada Érika Briones (PRD) pretendía garantizar a los adultos mayores su derecho a ser sujetos de acciones y programas para fortalecer sus capacidades económicas, propiciando su incorporación a los procesos productivos y su capacitación con igual fin, así como darles seguridad social y alimentaria.

Durante la sesión de ayer, el pleno también aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud que incluya la atención y tratamiento médico de la insuficiencia renal en el catálogo universal de servicios de salud del Seguro Popular.