En los foros que lleva a cabo la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sobre la reforma en materia de justicia laboral, académicos, abogados, representantes sindicales y trabajadores demandaron que se mantenga el ‘‘sentido social’’ de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la defensa de las conquistas de los trabajadores.

En la quinta jornada de esta consulta, el catedrático de la Academia Mexicana de Derecho Internacional y Derecho del Trabajo Arturo Martínez planteó que las juntas deben utilizar las herramientas tecnológicas en los procedimientos laborales, incluyendo el envío por correo electrónico de las notificaciones, ahorrando tiempo y recursos presupuestales.

Dicho planteamiento fue apoyado por la representación de las Asociación Autónoma del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México .

En nombre de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos María Luisa Campos señaló que se debe defender el sentido social de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución Política del país, y no tocar el artículo 123, el cual contiene las conquistas fundamentales de los trabajadores, como el carácter tutelar de la ley, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, la estabilidad en el empleo, jornada máxima de trabajo, salario mínimo, libre sindicalización y el derecho de huelga, entre otros.

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados Laboralistas de Veracruz, José Alfredo Romero, expuso que la presunción de la existencia del despido se debe desvanecer ante la evidencia de falsedades y la carga probatoria de su existencia ‘‘tendrá que ser responsabilidad del trabajador y no de la empresa’’.

También hubo propuestas como la del abogado Rafael Sánchez Navarro Caraza, director del Bufete Sánchez Navarro, quien expuso que la referida reforma debe fijar la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas ‘‘puedan liberarse de los contratos laborales celebrados con sus trabajadores de confianza y aquellos con antigüedad menor a un año’’, mediante una indemnización, pero sin pagar liquidaciones como las que actualmente señala la ley.