En el diseño de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) resultará imprescindible que el Congreso regule la obligación de que los funcionarios públicos presenten una declaración de intereses, con el propósito de publicitar las actividades e ingresos ajenos a la función pública de los servidores para prevenir conflictos de intereses entre la iniciativa privada y el sector público, afirmó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Durante la participación de los comisionados del organismo en los foros sobre corrupción organizados por el Senado, su presidenta, Ximena Puente, fijó la postura institucional, en la cual destacó la necesidad de que la iniciativa privada también se incorpore a la definición de dichas normas que regularán la operación del SNA.

La importancia de incluir a los empresarios obedece a que una declaración de ese tipo (conflicto de interés) permitirá reducir la incertidumbre de la actividad política respecto de otros intereses económicos y financieros mediante un reporte de actividades empresariales, mandatos, prestación de servicios, representación o asesoría e incluso de carácter honorario de los servidores públicos ante cualquier entidad con personalidad jurídica.

En la medida en que se trata de un fenómeno complejo y multifacético, la lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema prioritario que requiere atención especial y una política de Estado integral para su combate a escala mundial, subrayó Puente.

Por su parte, el comisionado Joel Salas aseveró que avanzar en la legislación secundaria del SNA es fundamental para restaurar el vínculo de confianza entre la población y las autoridades, y con ello fortalecer nuestra democracia.

Planteó la necesidad de que en dicho proceso se incorporen mecanismos para alentar una mayor participación ciudadana en la denuncia y también para incluir instrumentos de medición que permitan tener parámetros comparables de los avances en el combate al fenómeno.

A consideración de la comisionada Areli Cano, para que la lucha contra ese problema tenga éxito se tiene que atender su naturaleza como un fenómeno complejo, que no acontece de manera aislada, originado sólo en actos individuales de malos funcionarios. Enfrentarlo implica minar las bases en que se sustenta cambiando las reglas y la lógica del funcionamiento actual de las instancias encargadas de su combate por otras que no privilegien o se limiten al establecimiento de un marco normativo y procedimental centrado en la punición, sino en incorporar prácticas preventivas.