La prioridad conferida por el gobierno federal y los ejecutivos estatales a reforzar las acciones en materia de seguridad pública no se ha traducido en un ejercicio eficiente de los recursos asignados a los diversos fondos creados para su financiamiento.

En el Informe de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó importantes subejercicios e irregularidades administrativas que generaron daño patrimonial e incumplimiento de metas.

En el conjunto de auditorías correspondientes al Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública en los estados, la ASF reporta que de los 660 millones de pesos asignados a ese rubro, las 32 entidades no justificaron el gasto de 565 millones, esto es, más de 80 por ciento del total de los fondos canalizados.

Según auditorías aplicadas destaca el caso de Guerrero, cuya situación en ese año fue muy complicada por el repunte de homicidios, secuestros y extorsiones –fue también el periodo en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa–, en el cual recibió 235 millones de pesos, de los cuales, en 2014, sólo gastaron 130 millones (55 por ciento del total) y al momento del término de la revisión alcanzó 156 millones, por lo que dejaron de ejercer 33.6 por ciento.

La ASF subraya que en Guerrero hay 1.5 policías por cada 100 mil habitantes, casi la mitad de lo que Naciones Unidas recomienda en materia de seguridad. Entre las principales anomalías detectadas en el gasto de 2014 destaca la compra de armamento y municiones por 1.8 millones y 9.8 millones de pesos, respectivamente; sin embargo, sólo se pudo acreditar la adquisición efectiva por 2.7 millones, por lo cual los otros 8.9 millones no consta que hayan ingresado a las instituciones de seguridad guerrerenses, lo que reduce la capacidad de las instituciones.

Otras irregularidades detectadas en Guerrero fueron la no acreditación de obras públicas por 1.6 millones de pesos; reprogramaciones presupuestales sin justificación plena; gastos en capacitación por 1.7 millones de pesos, cuando se tenían asignados 3.8 millones, e inconsistencias en el reporte del gasto trimestral, entre otras. Por todo ello, sólo cumplió 44 por ciento de sus metas.

En general, la ASF descubrió frecuentes anomalías administrativas en las auditorías que se aplicaron al ejercicio de dicho gasto en varias entidades. En la Ciudad de México se registró un subejercicio de 32 por ciento. De los 490 millones de pesos otorgados ejerció 333 millones, aunque con posterioridad a la conclusión del año gastó más de 90 por ciento.