En su diagnóstico sobre los procesos de adjudicación y ejecución de obras públicas, contenido en el Informe de la cuenta pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) subraya que en esa área prioritaria, a la que se asignan importantes recursos presupuestales, es necesario revertir inconsistencias que pueden prestarse fácilmente a actos de corrupción. El sector de la construcción enfrenta vulnerabilidades para la ocurrencia de prácticas como fraude, soborno y malos manejos.

Al detallar factores de riesgo en la ejecución de obra pública, la ASF alerta sobre la dispersión de criterios en las legislaciones locales, entre otros aspectos, en los montos fijados para evitar licitaciones y poder realizarla mediante adjudicación directa o invitación restringida.

Así, por ejemplo, si en Hidalgo el monto máximo para una invitación restringida a tres o cinco empresas es de 950 mil pesos, en la Ciudad de México se eleva a 11.5 millones. En tanto, en Baja California y Veracruz es de 11.2 millones, con una media nacional de 4 millones.

En lo que respecta a la adjudicación directa, la dispersión también es amplia. En Aguascalientes sólo se atribuyen obras o contratos que tengan un costo máximo de 105 mil pesos, mientras en Chiapas la suma se eleva a 3.5 millones, a pesar de que la media nacional es de 951 mil. Ello constata la heterogeneidad en las prácticas relacionadas con la obra pública.

De la revisión de la cuenta pública 2014, la ASF subraya que con frecuencia anular licitaciones para optar por las dos vías mencionadas dio lugar a limitaciones a la competencia, libre concurrencia y equidad, y en consecuencia generaron un entorno propicio para establecer mecanismos de evaluación y adjudicación inadecuados.

Agrega: Estos elementos vulneran la certidumbre jurídica del proceso, lo cual genera falta de confianza en sus resultados. En particular, es recurrente encontrar empresas a las que se adjudican contratos sin tener las capacidades técnicas y financieras requeridas para ejecutar el proyecto.

Paralelamente, continúa el informe, es relevante destacar que no existen previsiones normativas que aseguren que los precios de materiales, equipo y mano de obra, así como costos indirectos, financiamiento y utilidad, contemplados en los contratos, estén alineados con los valores que imperan en el mercado.

Sobre ese tipo de anomalías detectadas, comportamiento recurrente en las diversas dependencias, la ASF apunta que otra vertiente de irregularidades deriva de las deficiencias que hay con frecuencia en los proyectos ejecutivos, pues la carencia de estudios previos provoca mayores costos. A menudo se elaboran sin contar con los permisos y licencias requeridos, lo cual incide en ajustes durante su instrumentación o en ocasiones se aceptan adecuaciones extemporáneas por parte de las compañías.

Tras advertir de la necesidad de promover una Ley General de Obra Pública que permita homogeneizar reglas a escala nacional, refiere que con frecuencia las empresas ofrecen personal altamente calificado para ganar la realización del proyecto, al cual lo sustituyen posteriormente, ante las deficiencias en la supervisión.

La ASF conmina a fortalecer los esquemas de vigilancia financiera mediante la garantía de acceso a registros financieros, documentos y cuentas de contratistas, subcontratistas y proveedores. Sin esta capacidad resulta difícil que investigadores puedan recolectar la evidencia necesaria para probar la ocurrencia de corrupción y fraude.