Un coronel colombiano, Alfonso Plazas Vega, sentenciado por la desaparición forzada de civiles en la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en 1995, y absuelto recientemente por inconsistencias en el juicio. Una ex fiscal de Guatemala, Gilda Aguilar, destituida por fabricar cargos contra 10 campesinos opositores a la construcción de una hidroeléctrica que los despojaría de sus tierras en el norteño Huehuetenango. Un empresario estadunidense, Steve Hecht, radicado hace 40 años en Guatemala y vinculado a la Liga ProPatria, agrupación de ultraderecha que aglutina a viejos militares y paramilitares partícipes de las campañas de exterminio durante la guerra.

En meses recientes, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dirige el abogado José Antonio Ortega Sánchez, que ahora se ha lanzado en ‘‘cruzada’’ en contra del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), invitó a México a estos tres personajes.

Ortega Sánchez organizó un tour por radioemisoras y universidades privadas a estos tres personajes con el fin de desacreditar a los investigadores del GIEI para el caso Iguala, en particular a Ángela Buitrago y Claudia Paz.

Esas voces se sumaron a la batería de declaraciones, columnas y pronunciamientos de sectores ultraconservadores que exigen ‘‘la salida ya, en este momento’’ de los coadyuvantes en la investigación sobre los 43, cuyas primeras conclusiones desbarataron la versión oficial y la intención de la Procuraduría General de la República de cerrar el caso anticipadamente.

El coronel Plazas Vega, quien fue defendido antes y después de su proceso por el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe, llegó a decir que venía a ‘‘advertir a los mexicanos’’ sobre la verdadera intención de la ex fiscal que lo consignó (Buitrago): ‘‘Viene a intentar acusar a los militares mexicanos de los crímenes de Ayotzinapa’’.

Con un guión similar, la ex funcionaria guatemalteca Gilda Aguilar atacó a su antigua jefa, Claudia Paz. Aguilar afirmó que la criminalista, doctora honoris causa de la Universidad Georgetown y catedrática invitada del Instituto de Mujeres por la Paz y la Seguridad, ‘‘siempre dio trato preferencial a la guerrilla’’ y buscó perjudicar a la institución castrense.

En estas tres participaciones hay un sesgo ideológico común: todos proceden de las viejas estructuras anticomunistas y tienen estrechas ligas con los cuerpos represivos del ejército y el paramilitarismo.

También muestran un mensaje de fondo común: sembrar la idea de que las dos fiscales –por ende el grupo– tienen un sesgo antimilitarista. Su llamado de atención se enfoca en uno de los pendientes sin resolver: pedir información crucial para el esclarecimiento del caso Iguala por parte de los militares del 27 batallón de infantería que estuvieron presentes y activos en al menos tres escenarios la noche del 26-27 de septiembre de 2014.

En torno al coronel Plazas Vega vuelven a coincidir el mexicano Ortega Sánchez, representante legal de varios políticos a quienes se liga con El Yunque, y el ex presidente Uribe. En 2008, Ortega se reunió con el ex presidente. ‘‘Usted, al bombardear Sucumbíos (en Ecuador) tenía toda la razón’’, lo elogió. En esa operación de la fuerza aérea colombiana murieron cuatro jóvenes mexicanos que pernoctaban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una sobreviviente, Lucía Morett, tiene aún una demandada por terrorismo interpuesta por Ortega.

Uribe y Ortega tienen ahora otra causa común: desacreditar a la abogada colombiana Ángela Buitrago. La animadversión del ex presidente Uribe contra la penalista viene de hace una década, cuando ella, como fiscal del caso Palacio de Justicia, determinó la responsabilidad de varios militares en la desaparición forzada de una docena de civiles que no murieron dentro de la sede de la suprema corte, en plena plaza central de Bogotá, hace 20 años, sino fueron capturados, trasladados a una escuela de caballería del ejército en el norte de la ciudad (dirigida por Plazas), torturados, asesinados y desaparecidos. Nunca antes un fiscal había tocado a la cúpula militar, y menos en un caso tan emblemático e histórico como ese, que permaneció encajonado 20 años... hasta que llegó Ángela Buitrago.

La nueva fiscal encontró un expediente de apenas ocho tomos, casi vacío. Ningún mando policiaco o militar había sido investigado. Decenas de pruebas claves fueron extraviadas, entre ellas unas cintas grabadas por un radioaficionado sobre las radiocomunicaciones de los mandos militares la noche de la cruenta ‘‘retoma’’ del palacio (más de 100 muertos).

Ahí se escucha al coronel Plazas dialogar con el ministro de Defensa, general Manuel Vega (su suegro), recibiendo órdenes de proceder a la desaparición de una de las capturadas. Plazas, con una sentencia de 30 años, fue absuelto en diciembre del año pasado, no por desistimiento del cargo de desaparición forzada, sino porque la corte resolvió que ‘‘no había convicción de prueba’’ suficiente.

Sobre la Liga Pro Patria, en Guatemala, cuando la ex fiscal general (cargo equivalente a la de procurador en México) Claudia Paz abrió los candados para llevar a tribunales las decenas de causas relacionadas con la justicia transicional, entre ellas casos de masacres y genocidio, se abrió no una, sino muchas cajas de Pandora. Sobre todo cuando una juez, Yasmín Barrios, se atrevió a sentar frente a sus víctimas al ex dictador Efraín Ríos Montt y a sentenciarlo por genocidio.

Militares retirados que participaron en la contrainsurgencia, viejos políticos vinculados con los escuadrones de la muerte y empresarios de la oligarquía que financiaron esas operaciones emprendieron una intensa campaña utilizando todos los medios, incluso la amenaza de muerte, para negar el genocidio y atacar a la fiscal y a la juez que rasgaron por primera vez la cómoda impunidad que los cubrió por décadas.

Así fue como se reactivó una vieja formación de extrema derecha, la Liga Pro Patria, a la que pertenece Steve Hecht, otro de los invitados de Ortega Sánchez, que dio cobijo a la fiscal de Barillas Gilda Aguilar, cuando fue sancionada por fabricar cargos contra 10 campesinos. El fundador de Pro Patria, José Luis González Dubón, fue abogado de la Asociación Primavera, organización criminal que en los 80 y 90 gestionó centenares de adopciones ilegales (miles de niños fueron robados) y que fue desmantelada en 2003.

Parte de las presiones que impidieron que Paz y Paz concluyera su periodo constitucional al frente de la fiscalía general salieron, precisamente, de esta agrupación. Hoy día, su fundador, González Dubón, es candidato del presidente Jimmy Morales para llegar a la corte de constitucionalidad como ministro.