El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala denunció ayer la campaña ‘‘de descalificación personal e infamia’’ orquestada en su contra, con la que se pretende ‘‘cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad’’ y generar confusión ‘‘con trillados estigmas políticos utilizados contra los defensores de derechos humanos’’.

Al admitir que estos ataques mediáticos sí ponen en riesgo su trabajo, los expertos informaron que han pedido al gobierno mexicano un deslinde público, ‘‘mismo que no ha ocurrido’’.

Los ataques al GIEI, dirigidos particularmente contra sus dos integrantes mujeres, la guatemalteca Claudia Paz y la colombiana Ángela Buitrago, quienes fueron fiscales en sus respectivos países y encabezaron juicios en casos emblemáticos de justicia transicional, arreciaron a partir de que el grupo logró, hacia fines de octubre, que en la última audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se firmara un acuerdo con el Estado mexicano para crear una nueva instancia de investigación que dependa de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y no de la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada).

En estos ataques, en apariencia orquestados, han participado personalidades ligadas a los sectores más conservadores del espectro político, como la señora Isabel Miranda de Wallace y el abogado José Antonio Ortega Sánchez, cuya organización, el Consejo Ciudadano para la Justicia y la Seguridad, incluso creó un blog que concentra todas estas expresiones.

Integrantes del GIEI expresaron ayer que no pretendían calificar de dónde proceden estos intentos de desacreditación. ‘‘El grupo no ha respondido, ha optado por continuar con su trabajo y con el cumplimiento de su labor’’.

Carlos Beristain, miembro del GIEI y sicólogo de formación, recurrió a una metáfora médica: ante la ‘‘herida abierta’’ que representa para México la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el GIEI es ‘‘como una vacuna que ojalá pueda estimular los esfuerzos por combatir la impunidad.

‘‘Somos’’, añadió, ‘‘un pequeño grupo –apenas un equipo de 10 personas– y nos vemos como un elemento que puede reforzar las defensas del Estado y estimular la resistencia contra la impunidad’’.

Sin embargo, ‘‘hay gente para quien el GIEI es un cuerpo extraño, algo frente a lo cual hay que reaccionar en contra, hay que encapsular, no como frente a una medicina capaz de generar anticuerpos en una herida abierta. En este caso estamos ante una mala noticia. Si esta visión es la que termina por dominar, el resultado será menor, más limitado. Y en este momento estamos, porque hay poco tiempo y la tarea es enorme’’.

En enero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento en el que declaraba su ‘‘respaldo total, absoluto e incondicional’’ al GIEI.

En privado o a título individual, funcionarios del gobierno, como el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, emitieron declaraciones valorando positivamente el trabajo del GIEI, pero a nivel institucional ninguna dependencia lo ha hecho. ‘‘Sería positivo tener por parte del Estado una declaración más global’’, dijo Beristain, aunque aclaró que la instancia no entraría a valorar esas omisiones.