Mexicali, BC.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) omitió en 2014 la entrega de armamento y municiones a las corporaciones policiacas de Baja California, las que en conjunto pagaron cerca de 3 millones de pesos, consignó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), tras advertir que dicha irregularidad provocó un desabasto de equipo para las funciones de seguridad pública en Tijuana y Mexicali.

En el segundo municipio, señaló el organismo, existe un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal por 2 millones 499 mil pesos, más los intereses generados, por las municiones pagadas con recursos del subsidio para la seguridad de los municipios (Subsemun) el 11 de diciembre de 2014, y que la Sedena no entregó a ese ayuntamiento en ese año ni al concluir la auditoría de la revisión de la cuenta pública, en septiembre de 2015.

En 2014, el gobierno municipal del panista Jaime Díaz Ochoa ejerció 91 millones 164 mil pesos de los recursos del Subsemun, de los cuales 60 millones debieron destinarse al equipamiento de la policía, poco más de 22 millones a la profesionalización de los agentes y más de 8 millones en infraestructura de la corporación.

De acuerdo con el reporte de la ASF, no existe relación directa entre el aprovechamiento de los recursos del Subsemun y los índices delictivos. Durante el primer año de gobierno de Díaz Ochoa, en 2014, el número de homicidios aumentó medio punto porcentual respecto de 2013; los secuestros, 25 por ciento, y las violaciones 17 puntos.

En Tijuana, el resultado del informe de fiscalización de la ASF a la gestión del priísta Jorge Astiazarán indica que se gastaron 395 mil pesos en armamento y municiones, pero no se entregaron en 2014 ni en septiembre de 2015.

En esa localidad fronteriza se cometieron 462 homicidios en 2014; un año después la cifra se disparó 45 por ciento, a 674 asesinatos en la ciudad, y en lo que va del primer bimestre de 2016 se han registrado ya 100 homicidios violentos.

Según la ASF, la Sedena no suministró equipo de armamento por 48.5 millones de pesos a otros municipios del país, entre ellos Ciudad Juárez, Chihuahua; Zapopan, Jalisco, y León, Guanajuato.

Señala opacidad e ineficiencia en el uso del presupuesto

Pide aclarar destino del dinero

Antonio Heras Corresponsal

Mexicali, BC.

El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ejerció sólo 47 pesos de cada 100 que en 2014 la Federación le entregó del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), por lo cual incumplió con el principio de anualidad, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo detectó que para marzo de 2015 la administración estatal del panista sólo había erogado 68 por ciento del FASP, del ejercicio correspondiente a 2014, que ascendió a 318 millones de pesos.

El estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del FASP apegado a la normatividad que regula su ejercicio y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas, asienta la ASF respecto al ejercicio de los recursos referidos.

Este fondo federal operado en Baja California por la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Daniel de la Rosa Anaya, presenta un área de opacidad y riesgo, advierte el organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados federal para la revisión de la cuenta pública, en el documento Marco de referencia.

En el texto, reconoce que la coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es compleja y excesiva para el ejercicio del presupuesto asignado y que el exceso de recursos en cuentas bancarias y la falta de reglamentación de la anualidad generan desfases en la ejecución de obras e incremento de costos.

Por ello, la ASF solicitó la aclaración de más de 100 millones de pesos que no se ejercieron durante ese periodo. Además, detectó un posible daño patrimonial por 5 millones 489 mil pesos en distintos programas y acciones de obra pública y adquisiciones.

La ASF solicitó a la Dirección de Control Gubernamental del estado el inicio de 12 procedimientos administrativos de responsabilidad sancionatorios a servidores públicos radicados en la dirección de fiscalización y evaluación de inversión pública, según se consigna en el oficio C1502864MX, con fecha 25 de junio de 2015, firmado por el titular de la Contraloría General de la entidad, Bladimiro Hernández.

Durante las administraciones panistas en Baja California, de 1989 a 2016, la Contraloría ha inhabilitado sólo a quienes presentan de manera extemporánea su declaración patrimonial.