México no cuenta con una estructura eficiente de administración y conservación de archivos públicos y privados. Esta situación perjudica el acceso a la información y la construcción de la memoria documental nacional, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su más reciente informe.

El organismo rector en este ámbito es el Archivo General de la Nación (AGN), el cual no ha avanzado en sus objetivos y tampoco consolidó un sistema nacional, lo cual afecta la organización, conservación y destino final de los documentos.

Sólo 11.6 por ciento de las 181 dependencias, incluidas en un censo elaborado por el AGN, cumplió con más de 80 por ciento de las características determinadas para una eficiente conservación de los archivos. Sin embargo, el organismo no dio seguimiento al mismo.

Las deficiencias en la administración de archivos y su conservación, así como la falta de un diseño adecuado, impidieron que el AGN elaborara la política nacional de archivos públicos y privados para la gestión de documentos y la protección de la memoria documental nacional, advierte la ASF en el informe de la fiscalización de la cuenta pública 2014.

Tampoco ha habido un aumento sustancial de los documentos de valor histórico, incorporados y registrados.

El porcentaje de incorporación de nuevos registros se desplomó en 2014 respecto de los años anteriores, al pasar de 104 a uno.

Igualmente digitalizó 91 mil 11 imágenes de documentos, 28.9 por ciento menos de la meta programada.

Además, de las 181 entidades y dependencias de la administración pública federal, sólo siete transfirieron sus archivos históricos al AGN, es decir, sólo 3.9 por ciento de las posibles.

No hay indicadores ni metas para evaluar la transferencia de documentos con valor histórico para su organización y preservación. Estos resultados reflejan que las acciones de conservación no han permitido asegurar la preservación y prevención de alteraciones físicas de los documentos de archivo, indica la ASF.

Esta situación, agrega dentro del ámbito de las consecuencias sociales de la problemática, puede poner en riesgo el ejercicio del derecho al acceso oportuno de la información contenida en los archivos públicos gubernamentales de los 66.9 millones de ciudadanos del país con capacidad de ejercer sus derechos.

El AGN es un órgano creado en 1920 y, en años recientes, legalmente responsable de recolectar, conservar y difundir los documentos históricos, así como la clasificación documental en toda la administración pública federal.

En 2012 fue publicada la Ley Federal de Archivos, cuyo eje es definir criterios uniformes para organizar y conservar los archivos del patrimonio documental de la nación, así como para fomentar lo relativo a los archivos privados de relevancias histórica, social, técnica, científica o cultural.

En este contexto legal, el AGN no consolidó el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos (mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno) ni dispuso los lineamientos que regulan los sistemas institucionales, por lo que aún se carece del diseño adecuado para ejercer la rectoría en la materia.

Actualmente el Poder Legislativo trabaja en una ley general de archivos, complemento al paquete de acceso a la información y datos personales, del mismo rango normativo.

En el estudio respecto de 2014, la Auditoría Superior indica en su dictamen: el AGN no ha avanzado en el objetivo de administrar y conservar el patrimonio documental de la nación.