La Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), con sede en Campeche, es una institución educativa pequeña: tiene tres campus, alrededor de seis mil alumnos en preparatoria, licenciatura y posgrado, y un presupuesto anual de 426 millones de pesos. Sin embargo, genera dinero.

En 2014 la Unacar firmó contratos por mil 629 millones de pesos para prestar servicios a dependencias federales, lo que equivale a 40 por ciento de los 4 mil millones que en ese mismo año reportó como ingresos autogenerados la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una institución 57 veces mayor, si se toma como parámetro su número de alumnos, que es de más de 342 mil.

La prosperidad de la universidad campechana tiene un inconveniente: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta en su informe sobre la fiscalización de la cuenta pública 2014 que la Unacar obtuvo mil 157 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a cambio de la prestación de diversos servicios, para los cuales la institución educativa no tenía capacidad, por lo que gastó prácticamente todo en subcontratar empresas y proveedores que tampoco eran aptos para cumplir las tareas.

Y como no existe información y documentación que acredite que los servicios contratados se llevaron a cabo, el organismo fiscalizador considera que se debe recuperar cada centavo.

Esta forma de operar no es exclusiva de dicha institución, pues la ASF afirma que durante cuatro años consecutivos ha observado que las dependencias federales adjudican contratos sin licitar a organismos públicos, entre ellos universidades, y que estos simulan operaciones con los recursos que se les canalizan o no los usan con transparencia.

Esto es posible, aclara el informe, porque los funcionarios se amparan en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Y aunque la ASF ha presentado denuncias de hechos ante las autoridades competentes, no se han obtenido resultados tangibles, y se ha propiciado la reincidencia en este tipo de contrataciones, se lee en el documento.

El resultado de la auditoría realizada a la Unacar es el siguiente: en 2014 la universidad suscribió 10 contratos con Pemex Exploración y Producción y uno con la Sagarpa a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica). Los funcionarios campechanos aseguraron que la institución tenía la capacidad técnica, material y humana necesarias para prestar los servicios, pero terminaron contratando a 19 empresas para cumplir con los convenios.

Pagaron 826 millones 438 mil pesos a esas compañías, es decir, 71.4 por ciento de los recursos que recibieron de las entidades federales. Y ni la universidad ni las empresas a las que empleó presentaron los documentos que acrediten que los servicios que presumiblemente prestaron tienen relación con los objetivos de los convenios celebrados con Pemex y Sagarpa.

Además, la universidad destinó 116 millones 558 mil pesos a pagar al personal que supuestamente le prestó sus servicios para cumplir con los contratos firmados con la petrolera y la secretaría de Estado. Pero tampoco hay comprobantes de esos pagos.

La administración de la universidad tampoco pudo comprobar que el resto de los recursos federales, 214 millones 682 mil pesos, los haya destinado a cumplir con los contratos.