En 2014, las acciones de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fueron insuficientes para planear y articular políticas públicas pertinentes, e incidir de forma efectiva en el desarrollo de 11 millones 900 mil indígenas que habitan en el país.

De ellos, 41.4 por ciento se encontraban en condiciones de pobreza moderada; 31.8 en pobreza extrema; 18.9 vulnerable por carencias sociales, y 2.9 vulnerable por ingreso, no obstante que la CDI dispuso de mil 176 millones de pesos para la ejecución del programa de superación de rezagos económicos.

La revisión de la política indígena del gobierno federal arrojó pésimos resultados en la Cuenta Pública 2014. El diagnóstico de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprueba así a esa instancia de gobierno:

“A pesar de los esfuerzos y avances realizados, (los indígenas) tienen los mayores rezagos en materia de bienestar y acceso a los servicios básicos, y enfrentan una profunda desigualdad… En este contexto, una de las tareas prioritarias para el gobierno es propiciar la participación permanente de los pueblos, organizaciones, autoridades y comunidades indígenas en la definición, planeación y ejecución de programas, estrategias y líneas de acción para el desarrollo indígena y la investigación, para fortalecer la cultura, los usos y costumbres, y la participación indígena dentro de la toma de decisiones económicas y políticas del país”.

El drama para los indígenas se detecta desde la misma CDI, pues en 2014, ejerció 1 mil 176 millones de pesos en la operación del programa presupuestario Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas.

No obstante, el mayor presupuesto se registró en el capítulo 1000, de servicios personales –pa­go de la burocracia y altos funcionarios–, con 44.4 por ciento (522 millones 258 mil pesos; 25.4 por ciento (299 millones 260 mil pesos) en el capítulo de servicios generales; 24.9 por ciento (293 millones de pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 5 por ciento (58 millones 519 mil pesos) en materiales y suministros, y 0.3 por ciento (3 millones 328 mil pesos) en bienes muebles, inmuebles e intangibles.

El ejercicio de los recursos en el capítulo 4000 de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas no fue congruente con la operación y naturaleza del Programa Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, excepto por los que prevé el subsidio en apoyo para la movilidad de los participantes de talleres, foros u otras actividades, y el apoyo es para su permanencia y alimentación, ya que se ejercieron en gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.

Ante tal evidencia, en 2014, las acciones de la CDI fueron insuficientes para planear y articular políticas públicas pertinentes, e incidir de forma efectiva en el desarrollo de los 11.9 millones de indígenas que habitaban en el país.

Incluso en 2014 se presentaron 25 mil 901 solicitudes para proyectos productivos a la CDI, de las cuales rechazó 62.2 por ciento (16 mil 112 proyectos); autorizó 21.7 por ciento (5 mil 625 planes); en 13.7 por ciento (3 mil 541 bocetos) no se concluyó el proceso, y el restante 2.4 por ciento (623 proyectos) se registró como demanda insatisfecha, debido a la insuficiencia presupuestaria de la entidad fiscalizada.

En ese terreno, la ASF, también reprocha a la CDI que sus acciones fueron insuficientes para verificar la incidencia de la política pública en la mejora del ingreso de los beneficiarios, mediante el apoyo para desarrollar actividades productivas sostenibles, debido a la falta de información respecto del número de indígenas integrantes de los grupos y sociedades beneficiados con el programa, así como de los ingresos que percibían antes de la implementación de los proyectos productivos y después de su implementación.