El Senado solicitó al gobierno federal un informe detallado sobre las recomendaciones por violaciones a derechos humanos que ha recibido de organismos internacionales de 2012 a la fecha, así como del grado de avance en el cumplimiento de éstas.

En un acuerdo signado por todas las fuerzas políticas, que se remitió ya al Ejecutivo federal, se advierte que hay numerosos reportes de organismos nacionales e internacionales, los cuales dan cuenta de la preocupación por los casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial que hay en el país.

En el documento se solicita información sobre las acciones emprendidas por la administración de Enrique Peña Nieto y para revertir el recorte al presupuesto de la Iniciativa Mérida, decidido por Estados Unidos, al constatar que se violentan derechos humanos.

En el dictamen de ese acuerdo, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos, se resalta que se han acrecentado las preocupaciones de aquellos actores con quienes el Estado mexicano ha signado convenios y mecanismos de cooperación sobre al tema de derechos humanos.

Incluso, diversas autoridades de Estados Unidos han emitido un gran número de recomendaciones para que se fortalezcan las instituciones y mecanismos de seguridad, investigación y reparación de daños en materia de delitos que violenten las garantías fundamentales en México.

Se señala que el Congreso estadunidense decidió retener 15 por ciento de los recursos que destina a la Iniciativa Mérida, mecanismo en que ambos países ambos países contemplan la cooperación bilateral en materia de seguridad y que en el caso de México significó recibir un apoyo de mil 600 millones de dólares de 2008 a 2014.

Asimismo, el Senado pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre las recomendaciones que ha emitido al gobierno federal de 2012 a la fecha, en especial las referidas a la situación que priva en las cárceles del país.

Además, hizo un llamado al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y a las autoridades de los estados encargadas del sistema penitenciario para que adopten acciones urgentes a fin de prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos de las personas presas.

En otro dictamen aprobado sin discusión en la sesión del jueves pasado, se advierte que la propia CNDH, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, ha constatado la preocupante situación y urgente atención de la atroz realidad que padecen las personas privadas de su libertad, procesadas o sentenciadas, en casi todos los centros penitenciarios que existen en el país.

Para los senadores esta realidad constituye un grave problema de inseguridad pública, que trasciende a la vulneración estructural de los derechos fundamentales de las personas encarceladas, pero que se extiende además a los visitantes y familiares, lo que nulifica la protección de las garantías fundamentales.

En el dictamen se hace notar que el Estado mexicano ha suscrito tratados internacionales en los que se fija la obligación de respetar y garantizar los derechos de las personas privadas de su libertad, por lo que es necesario hacer un llamado a que ayude a promover estas acciones.