La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó ayer la discusión del proyecto de dictamen en el que la madre y hermana de dos salvadoreños, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en 2011 en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, demandan ser reconocidos como víctimas, tener acceso al expediente de la causa y que el Estado mexicano reconozca que esos hechos en los que fueron asesinados 120 migrantes –la mayoría centroamericanos– constituyen un delito grave y de lesa humanidad.

De nueva cuenta, la ausencia del ministro Jorge Pardo Rebolledo –quien se encuentra en comisión oficial fuera del país– dejó en suspenso la demanda de amparo de Bertila Parada de Osorio, Alma Yesenia Realegeño y/o Alma Yessenia Realegeño, madre y hermana de Carlos Alberto Osorio Parada y Manuel Antonio Realegeño, respectivamente, quienes demandan que la Procuraduría General de la República (PGR) las reconozca como víctimas.

Ambas quejosas estuvieron en la sesión de la primera sala y comentaron que vinieron desde su país en demanda de justicia.

En entrevista, Bertila Parada lamentó que el Estado mexicano no la reconozca como víctima ni a su hijo, a pesar de que desapareció después de abordar un autobús el 27 de marzo de 2011 en la ciudad de Monterrey rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Por su parte, Claudia Interiano, abogada de la Fundación para la Justicia en El Salvador, destacó contradicciones en el documento del ministro, ya que éste ordena a la PGR que confronte el ADN de la señora Parada con los restos de los 120 cuerpos encontrados en San Fernando; siendo que el gobierno mexicano no sólo comprobó el parentesco, sino que además envió la osamenta de Carlos Alberto a su madre a su país natal.

Está incompleto el proyecto, aseveró la abogada, nuestra posición es que deben retomarse aspectos que tienen que ver con estándares de protección a los derechos humanos que no se están tomando en cuenta y que son necesarios, porque es un caso representativo de personas migrantes en tránsito que pasan por México hacia Estados Unidos, que son miles y miles de centroamericanos y de otro países.

Es importante que se definan los puntos que tienen que ver con la calidad de víctima de la señora, la calidad de víctima de su hijo, que se estipule que es una grave violación a los derechos humanos y que se legitime también a la Fundación como representante para que pueda actuar en el caso, indicó.

La sala no informó cuándo se resolverá el asunto.