El Senado pretende elaborar el dictamen de la ley de desaparición forzada desde la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual presenta serias deficiencias, no retoma las propuestas de la sociedad civil y está lejos de los estándares internacionales, alertó la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México.

Integrantes de las organizaciones que integran dicha campaña realizaron frente al Senado, de las 10 a las 14 horas del miércoles, la Segunda caminata contra la desaparición forzada, con el propósito de exigir que sean incorporados a los espacios de discusión y redacción de la ley general en la materia, la cual está próxima a dictaminarse.

Durante la manifestación en la acera del Senado, sobre Paseo de la Reforma, la activista y defensoras de derechos humanos Nadín Reyes señaló que las organizaciones están preocupadas porque los legisladores dejaron pasar tiempo muy valioso en el pasado periodo legislativo y ahora trabajan con el tiempo encima. Todo indica –agregó– que el dictamen a discutirse en el pleno senatorial girará en torno a la iniciativa enviada por Peña Nieto en diciembre pasado.

Recordó que desde el 3 de septiembre pasado, en la Primera Caminata frente al Senado se entregó de manera formal una iniciativa de ley sobre la materia, elaborada por familiares de víctimas, organizaciones de derechos humanos, populares, así como de indígenas. Incluso fue suscrita por integrantes de las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos de esa cámara.

Sin embargo, hasta ahora ni siquiera se les ha informado los avances de la discusión, por lo que solicitaron un informe sobre los trabajos que se se realizan para discutir y redactar el proyecto de dictamen sobre la Ley General de Desaparición Forzada.

Sobre las deficiencias que presenta la iniciativa presidencial, Nadín Reyes aseguró que son muchas y muy graves, entre las cuales citó que ni siquiera está correctamente tipificado el delito de desaparición forzada ni tiene agravantes cuando es cometido contra defensores de derechos humanos, periodistas o luchadores sociales.

Señaló que la iniciativa presidencial carece de elementos básicos para localizar a personas ausentes y castigar a los perpetradores, además de que contiene diversas disposiciones que complican el proceso cuando están involucrados elementos militares.

Otra de las observaciones hechas, dijo, es que la iniciativa coarta el derecho de los familiares de las víctimas para poder coadyuvar en la investigación, bajo el pretexto de una posible obstaculización de la búsqueda.