Entre febrero de 2014 y noviembre de 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) inició al menos 14 juicios de extinción de dominio y otros tantos litigios judiciales conocidos como abandono de bienes, con el fin de que el gobierno mexicano tome posesión de lo que algún día fue del cártel de Sinaloa, y que incluye 32 inmuebles, cinco ranchos, 13 avionetas, 182 equipos de cómputo, 433 teléfonos celulares, ocho radios satelitales, 78 vehículos y 17 motocicletas.

Funcionarios de la PGR informaron que la mayoría de los bienes han causado abandono, pues no fueron reclamados legalmente, mientras que en el caso de los juicios de extinción de dominio se han emitido seis sentencias de primera instancia en la que los jueces han dado la razón al Ministerio Público Federal.

Por otra parte, autoridades militares y del Poder Judicial de la Federación informaron a este diario que varios bienes inmuebles que se decomisaron a Guzmán Loera meses después de su detención en febrero de 2014 –cuyo valor superaría los 160 millones de pesos– están en proceso de litigio ante jueces de extinción de dominio.

El 30 de enero pasado, la titular de la PGR, Arely Gómez González, aseguró ante senadores que la estructura financiera del cártel de Sinaloa ha sido trastocada por las acciones de la dependencia.

Dijo que se avanza en las investigaciones para debilitar las finanzas y la operatividad de dicho cártel, que mantiene influencia en la mayor parte del territorio nacional.

Desde la PGR seguimos avanzando en las investigaciones que tienen como objetivo afectar la estructura financiera y operativa del grupo criminal, así como obtener sentencias condenatorias en los distintos procesos penales y en el trámite de dos procedimiento de extradición, afirmó la funcionaria.

El procedimiento de extinción de dominio, que utiliza el gobierno federal para apropiarse de bienes relacionados con delitos graves, como delincuencia organizada, trata de personas y secuestro, ha sido poco utilizado por la PGR.

Sólo entre 2013 y 2014 el erario federal recibió 92 millones de dólares y 7 millones de pesos por el concepto de abandono, mucho más fácil que el juicio de extinción de dominio.

El proceso de extinción de dominio utiliza las reglas del proceso federal civil, pero es tan complejo que se han emitido sentencias contradictorias entre jueces de distrito.

El artículo 22 de la Constitución señala que la extinción de dominio procede sobre bienes instrumento, objeto, producto del delito, pero sólo cuando existan elementos suficientes para demostrar que el ilícito se cometió. Lo anterior, pese a que el mismo artículo indica que el proceso de extinción será autónomo del de materia penal y se podrá aplicar aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal.