La Procuraduría General de la República (PGR) no ha formalizado la solicitud de desafuero de la diputada local del estado de Sinaloa Lucero Sánchez López, vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Lo anterior, a pesar de que la procuradora de la República, Arely Gómez, anunció a senadores que el Ministerio Público Federal iniciaría el proceso de desafuero al considerar a la legisladora como responsable del delito de uso de documentos falsos para visitar en prisión a Guzmán Loera.

Arely Gómez dijo: ya tenemos lista la solicitud de desafuero para presentarla en el Congreso local, para que inicie el procedimiento, y también se elaboró la consignación, para proceder penalmente contra la legisladora.

Sin embargo, el Ministerio Público Federal no ha dado por concluida la averiguación previa iniciada a raíz de una denuncia presentada por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en la cual se informó a la PGR que una mujer ingresó con documentos falsos al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano y visitó a Joaquín Guzmán Loera.

En ese contexto, y con motivo de esa averiguación previa, la diputada local fue detenida por elementos de la Policía Federal y trasladada a instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), para declarar en torno su relación con Guzmán Loera.

Colaboradores de la procuradora de la República indicaron que la Seido no ha formalizado la solicitud de desafuero, aunque ya recibido la constancia de mayoría que acredita que Lucero Sánchez López es legisladora del estado de Sinaloa, y supuestamente se han realizado algunos peritajes para reconfirmar la identidad de quien ingresó ilegalmente al Cefereso número uno.

En ese contexto, es necesario señalar que el delito que se imputa a Lucero Sánchez no es tipificado como grave; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) puede oponerse a que se le conceda la libertad bajo fianza.

El código penal indica que “el delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de 200 a 360 días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días de multa.

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.

En Culiacán, el diputado local Guadalupe Carrizoza Cháidez calificó como un infundio cobarde el dictamen de Federico Döring, delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa, quien lo responsabilizó de que la legisladora Lucero Sánchez López, vinculada por el gobierno federal con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, haya sido postulada por el blanquiazul. El presidente interino del PAN en el estado y legislador, Adolfo Rojo Montoya, advirtió que impugnarán la decisión de Döring ante los órganos internos del partido, y criticó la celeridad con la que el también diputado federal realizó la investigación, ya que, subrayó, sólo estuvo en una ocasión en Sinaloa.

Criticó que Federico Döring haya ventilado ante la opinión pública los asuntos internos del blanquiazul sin haber concluido el proceso y sin que se finquen sanciones reales a los imputados. Es un infundio, una mentira cobarde, sostuvo Carrizoza, en entrevista. Adelantó que acudirá a las instancias del CEN, de las que dijo confiar, para defenderse.

(Con información de Javier Valdez Cárdenas, corresponsal)