A casi 22 años del asesinato del ex secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene viva una solicitud a Estados Unidos de detención con fines de extradición en contra de Manuel Muñoz Rocha, considerado uno de los autores intelectuales del homicidio ocurrido en septiembre de 1994.

La cancillería se niega a dar a conocer públicamente el contenido de la petición formulada en octubre de 1994, con el argumento de que se podría entorpecer la labor de las autoridades que investigan y tratan de resolver el caso.

El asunto, el cual se encuentra en discusión en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), revela que a pesar que en 1999 Marcia Cano Valdés logró judicialmente ante el juzgado tercero en materia civil del ámbito del fuero común, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la declaración de ausencia del ex diputado federal y con ello cobrar un cheque por 500 mil nuevos pesos emitido a favor de Muñoz Rocha dos días antes de que Ruiz Massieu fuera asesinado en la calle de Lafragua en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México en septiembre de 1994.

La negativa de la SRE a dar a conocer el contenido de la solicitud de extradición contra del que fuera diputado federal priísta, existe, a pesar de que en 2009 se declaró prescrita la orden de aprehensión girada contra Muñoz Rocha.

El caso ha tomado relevancia debido a que un ciudadano solicitó a la SRE el documento que el gobierno mexicano envió a las autoridades estadunidenses.

Durante el desarrollo de los procesos en los cuales la petición no ha sido desahogada y por ello el solicitante interpuso un recurso de inconformidad con la respuesta de la SRE, se puso al descubierto que la PGR fue consultada sobre la existencia de la petición de detención con fines de extradición y la posibilidad de que hacer público ese documento afectara la indagatoria, sin embargo, la dependencia ministerial no ha emitido documento alguno para retirar la solicitud de orden de detención.

A este respecto, el comisionado del Inai Joel Salas Suárez elaboró un posicionamiento en el cual se menciona que la SRE informó al solicitante que los documentos forman parte del expediente de extradición correspondiente, pero están reservados por un periodo de 12 años porque se trata de un expediente abierto y se podría entorpecer la labor de las autoridades que investigan y resuelven el caso; además, contienen datos personales que deben ser protegidos.

La cancillería estableció que a casi 22 años de hecha la solicitud la clasificación continúa porque subsisten las causas que la originaron, la PGR no le ha solicitado que sea retirada la petición de extradición y no existe documental que brinde certeza sobre el cierre de la averiguación previa.

El comisionado considera que no se advierte que la publicación de la información obstruya el ejercicio de actividades de prevención o persecución de delitos o procuración de justicia y en breve el caso se discutirá en el pleno del Inai.