La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cometió un probable daño al erario de alrededor de mil millones de pesos por contratos que realizó con las universidades autónomas del estado de México y de Morelos, además de que casi la mitad de esos recursos fueron pagos a pensiones que rebasaron el monto establecido en las reglas de operación del programa, señala el análisis de la cuenta pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La Sedesol, en la gestión de Rosario Robles, pagó a la Universidad de Morelos 426 millones de pesos, pero 82.3 por ciento de esos recursos se fueron a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, que nada tiene que ver con las tareas de esta institución.

Otro presunto daño al erario que considera la ASF es que hay en el país 328 mil beneficiarios –de alrededor de 6 millones– del programa de pensión de adultos mayores con trato preferencial, ya que reciben pensiones de entre 7 mil y 23 mil pesos, mientras la mayoría obtiene 589 pesos pesos al mes. Esto ocasionó pérdidas por 466 millones de pesos.

En 2013, la Sedesol firmó convenios con las universidades del estado de México y de Morelos, según reveló el análisis de la cuenta pública de ese año. En esa fecha suscribió cinco contratos que dejaron un daño al erario por alrededor de 845 millones de pesos.

El convenio de mayor valor fue de 396 millones para la compra de paliacates, vasos, gorras y globos, entre otros objetos que se adquirieron a empresas fantasmas y que eran para promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El informe de fiscalización de la cuenta pública 2014 indica que la Sedesol entregó a la institución morelense 324.6 millones de pesos a fin de fortalecer la operación del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. En este caso, la universidad contrató empresas, pero no presentó facturas ni documentos para garantizar la salida de los recursos, por lo que se inició un procedimiento de multa al rector.

Se pagaron a esa institución 77.8 millones de pesos para el levantamiento de información socioeconómica de –supuestamente– 6.9 millones de beneficiarios, pero hay registros repetidos de dos hasta 579 veces. Los recursos, al igual que en el caso anterior, se transfirieron a una cuenta bancaria de la empresa Esger, Servicios y Construcciones.

En agosto de 2014, la Sedesol firmó un anexo con la misma universidad por 23 millones de pesos para el servicio de desarrollo, implementación y puesta en operación del sistema de control de gestión con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada, pero el trabajo no concluyó.

Por lo que hace al programa de pensión para adultos mayores, la dependencia federal contrató a la Universidad Autónoma del Estado de México para fines cuyas metas tampoco se lograron.

Es el caso de la instalación de ventanillas de atención para incorporar a 1.6 millones de beneficiarios, donde apenas se sumaron 128 mil, y para operar módulos de comprobación de supervivencia. El total del daño al erario es por 997 millones de pesos, indica la ASF.

Sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, se encontró que de los 90 programas que están incorporados a esa estrategia sólo se aplicó 53 por ciento. El informe indica que las deficiencias en la implementación, focalización y coordinación de acciones no permitieron verificar en qué proporción se garantizó el acceso a la alimentación de 7 millones de personas en pobreza extrema alimentaria.