Madrid.

La fiscalía anticorrupción de España presentó ayer un recurso contra el auto de archivo provisional de la causa abierta contra el ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira, a quien se investiga por cuatro presuntos delitos: blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos, asociación de malhechores y prevaricación.

Los fiscales José Breda y Juan José Rosa intentan así mantener abiertas las pesquisas contra el político mexicano, a quien además vinculan con el crimen organizado en general y el cártel de Los Zetas en particular.

La fiscalía española recurrió a su último recurso antes de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decida si se archiva o no definitivamente la causa abierta contra el también ex gobernador de Coahuila, quien residió en Barcelona en 2013, después del asesinato de su hijo José a manos de un grupo de sicarios del narcotráfico.

En aquel año Moreira recibió desde México alrededor de 200 mil euros (4 millones de pesos), que provocaron suspicacia de la policía y la fiscalía, las cuales ya le seguían los pasos. De hecho, durante su estancia en España, el político priísta fue sometido a vigilancia y sus conversaciones telefónicas fueran grabadas y analizadas por la policía.

Moreira fue detenido el 15 de enero pasado en el aeropuerto de Madrid-Barajas de forma inesperada y cuando viajaba con su familia para presentar un examen para un doctorado en la capital catalana. Después de comparecer ante el juez fue trasladado a la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, donde permaneció una semana, hasta que el 22 de enero el juez Pedraz le tomó su primera declaración y ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares. Entonces Moreira tenía prohibido salir del país, para lo cual se le retiró el pasaporte, al menos hasta que venciera el plazo para que los fiscales recurrieran el auto de puesta en libertad.

Los fiscales no recurrieron, por lo que Moreira recuperó su pasaporte el pasado 3 de febrero y en menos de 24 horas decidió salir del país de menera precipitada, sin informar siquiera a sus abogados, sobre todo después de conocer en boca del propio juez Pedraz que la investigación abierta en su contra se mantenía abierta.

Fue hasta el pasado 10 de febrero cuando el juez español decidió finalmente archivar de forma provisional la investigación, en un auto en el que además detalló que no se había encontrado ningún vínculo de Moreira con el crimen organizado ni con la comisión de los delitos que se le imputaban, basándose, en parte, en la información financiera presentada por su defensa, la cual incluía abundantes informes oficiales y cartas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Ayer, cuando se venció el plazo para presentar un recurso contra este último auto, los fiscales decidieron presentar una moción para que el juez lo mantenga abierto y no lo archive definitivamente, al menos por los delitos que podrían ser juzgados en España, que son sólo por blanqueo de capitales y asociación de malhechores, y en ningún caso los de malversación de fondos públicos y cohecho, para los que el Estado español no tiene jurisdicción, según la doctrina del propio magistrado.

Ahora será el juez Pedraz quien decidirá si mantiene la investigación contra Humberto Moreira o se archiva de manera definitiva.