En las investigaciones del caso Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene una fuerte tendencia a volver al escenario del basurero de Cocula, donde la versión oficial señala que ahí fueron ejecutados e incinerados estudiantes desaparecidos de Ayoztinapa, señaló el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Además, expresaron que en esta segunda etapa de su mandato como coadyuvantes en la investigación persisten obstáculos, retrasos y dificultades. Uno de ellos es la inexplicable negativa a permitir que se entreviste de manera directa a los elementos del 27 batallón de infantería que estuvieron en Iguala los días que ocurrieron los hechos, y cuyas declaraciones podrían ser esenciales en la investigación, dijo Carlos Beristáin, uno de los cinco integrantes del GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ayer, junto con sus compañeros expertos Francisco Cox y Claudia Paz, al comentar ante estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) el informe presentado en septiembre pasado, Beristáin expresó que el grupo observa con preocupación estos signos negativos de querer regresar a la teoría del basurero y a la negativa a entrevistar a los militares.

Por su parte, Francisco Cox, quien también se refirió a la tendencia de la PGR a anclarse en la versión del basurero –manejada por el entonces procurador general Jesús Murillo Karam–, en lugar de avanzar en la búsqueda de los desaparecidos y en la investigación de los responsables, reconoció que como grupo coadyuvante el GIEI ha tenido acceso a mucha información, pero aclaró que no ha sido total.

Añadió que las preguntas sobre el paradero y lo ocurrido finalmente a los jóvenes ausentes se deben plantear al Estado. Nosotros sólo somos cinco personas, no tenemos fuerza policial; somos coadyuvantes, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, pero no se nos ha dado acceso total. Se nos dio mucha información en la primera etapa y ahora también, pero hay otra a la que no se nos ha dado acceso, dijo.

En la presentación del informe a estudiantes del ITAM, Cox comentó que la PGR todavía evalúa si es incorporado a la investigación el reciente peritaje del basurero de Cocula realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), debido sobre todo a que fue un estudio solicitado por los padres de las víctimas.

En este sentido, Beristáin reconoció el trabajo del equipo argentino, y se refirió a él como más amplio y complementario, que no sólo confirma el que realizó el mismo GIEI, sino brinda mayores datos científicos para determinar que en ese lugar no pudo haber ocurrido la incineración de los cuerpos de los estudiantes desaparecidos.

Destacó la importancia de que dicho informe sea discutido en una junta de peritos con la PGR, e incluso dijo que esta sería parte de la agenda que se hará pública en los próximos días.

Aunque consideró que desde su punto de vista es innecesario un nuevo peritaje sobre el basurero de Cocula, dijo que el GIEI no se opondrá a ello, pero que sea con la máxima calidad profesional y que en él participen expertos reconocidos y con criterios científicos, a fin de no generar más confusión entre la población.

Respecto del futuro del GIEI una vez que concluya su segundo mandato, el 30 de abril, Claudia Paz señaló que el grupo realiza su máximo esfuerzo en la investigación y en la búsqueda de los jóvenes, pero que finalmente será la CIDH, junto con el gobierno y los familiares de las víctimas, quien decida el siguiente paso.

Recordó que el acuerdo inicial es que el mandato pueda ser renovado hasta que se cumpla con el propósito para el cual fue creado el grupo. No obstante, el propio Beristáin citó que el Estado mexicano ha señalado ya su intención de no renovarlo.