La mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfiló ayer en favor de validar la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y de declarar la inconstitucionalidad sólo de algunos artículos, entre éstos, el que establece que quienes padecen este síndrome están obligados a contar con un certificado de habilitación para hacer constar sus aptitudes laborales.

Sólo cuatro de los 11 ministros se pronunciaron por declarar la invalidez de la ley en su conjunto, en razón de que la Cámara de Diputados no cumplió con lo establecido en la Convención sobre Personas con Discapacidad, la cual señala que cuando se legisle en la materia, el Estado debe convocar a consultas con organizaciones o personas en esa situación, asegurando que sus opiniones reciban consideración adecuada para crear las políticas públicas.

José Ramón Cossío, quien adelantó que votará en contra del proyecto de dictamen, agregó: la manera en que se efectuó el proceso legislativo no satisface los criterios establecidos por la convención; además este hecho debe contribuir a un cambio por el Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados para establecer instrumentos de derecho interno, para el cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el plano internacional.

Procedimiento grave

Fernando Franco –quien junto con Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, se quedó en minoría– sostuvo que ante un vicio de procedimiento tan grave procede la nulidad general de la ley, puesto que sería absurdo considerar que un procedimiento viciado quede vigente parcialmente.

Planteó las condiciones mínimas que debe cumplir la consulta: una convocatoria pública, abierta y previa; una difusión adecuada de la propuesta legislativa con un lenguaje entendible; plazos razonables y adecuados para que la participación de organizaciones civiles vinculadas con el tema tengan participación efectiva y que el proceso sea de buena fe: escuchar aquellas propuestas pausibles que puedan enriquecer el producto legislativo.

Sin embargo, la mayoría, encabezada por el ministro presidente, señaló que no hay ninguna ley que establezca la forma en que se deben hacer las consultas, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que impugnó vía acción de inconstitucionalidad la citada ley, no planteó la invalidez de la norma, por lo que era inviable que el pleno dejara sin efectos la legislación en su conjunto.