El relator sobre tortura y derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Juan E. Méndez, señaló ayer que el gobierno de México debe efectuar una investigación imparcial y exhaustiva de los hechos acontecidos en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, para establecer las responsabilidades legales tanto de las autoridades penitenciarias como de los reclusos que participaron en la riña que dejó 49 muertos.

En un comunidado, el experto detalló que hace dos años llevó a cabo una visita a dicho penal, luego de la cual presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que hizo referencia a la flexibilidad excesiva en el régimen a que estaba sujeta la población de este centro penitenciario, la cual conducía al autogobierno y a situaciones de violencia en el mismo.

Además verificó que en Topo Chico se registraban situaciones de hacinamiento extremas, condiciones sanitarias penosas, sanciones de aislamiento deplorables y tratos crueles, inhumanos y degradantes a personas con discapacidad, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Hizo un llamado al gobierno a que la investigación conduzca también a la reparación del daño a las víctimas y familiares, lo que, dijo, incluye las garantías de no repetición de los hechos acontecidos, que se traduzcan en una mejora sustancial en las condiciones de detención en dicho penal.

En este sentido, el relator puntualizó que los familiares tienen derecho a saber la verdad de lo acontecido, a una identificación pronta de los fallecidos, cuyos nombres no se han informado completamente, y a una entrega digna de los restos de los muertos, así como una atención médica de calidad de los heridos.

También recordó que de acuerdo en el derecho internacional, el Estado asume una posición especial de garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y esta obligación no se limita al deber que tienen los servidores públicos de abstenerse de violar los derechos de los presos, sino que tiene que garantizar el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a la integridad personal y protegerlas de ataques contra su vida.

Méndez respaldó la decisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de investigar los hechos.

Hizo ver que en su informe a la ONU ya había dejado registro de una serie de anomalías encontradas en el penal, como el hecho de que existían las condiciones para que se diera un fenómeno de autogobierno.

Asimismo se verificó que había supuestas medidas de protección a detenidos, que derivaban en situaciones de hacinamiento extremo.

De igual manera se comprobaron las pésimas condiciones en la infraestructura del centro penitenciario, en el que 49 personas perdieron la vida y 13 resultaron heridas durante un enfrentamiento entre reclusos.

Asimismo, una situación sanitaria deficiente y hasta mala alimentación de los reclusos, comentó el experto.