Con la devaluación del peso no sólo se incrementó 30 por ciento, en promedio, el precio de los productos de la canasta básica, sino que se avizoran más cierres de empresas relacionadas con la compra de insumos extranjeros, que se sumarán a las 3 mil que lo han hecho en lo que va del año, e implicará una justicia laboral más expedita ante la firma de contratos en blanco, afirmó el abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz.

Al participar en el foro Reformar la justicia laboral desde la justicia laboral, realizado en las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), el especialista alertó que la situación se agravará con la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Su impacto se resentirá principalmente en 20 ramas industriales que se liberarán de toda competencia en el ámbito extranjero, ya que 90 por ciento de las empresas tienen 10 trabajadores y no hay capacidad para afrontar esas situaciones, argumentó.

Los problemas en materia laboral, señaló, empezaron en los primeros días de enero con la conclusión de los contratos temporales, y provocará un aumento en la firma de documentos en blanco, que aparentan una renuncia anticipada, y acuerdos verbales entre patrón y trabajador.

Hoy, reconoció el ex consejero jurídico del Gobierno del Distrito Federal, no existe castigo para las empresas que lo realizan; hay una generalización de la miseria y carecemos de una justicia laboral expedita, pues un caso puede llevar de tres a seis años y no siempre es en favor del trabajador.

La firma de documentos en blanco es una vergüenza y debería darse vista a las instancias penales para apretar y modificar también el tema de las notificaciones, que sean por vía electrónica, y reducir hasta 70 por ciento los tiempos de resolución, y acabar con los contratos de protección, afirmó Luis Díaz Mirón, rector de la Escuela Libre de Derecho.

El académico destacó que, pese a no contar con recursos presupuestales, la JLCA ha logrado reducir el tiempo de atención de los casos, pues se pasó de 54 a 36 meses.

No se trata de que la junta sea parte del Poder Judicial, sino contar con propuestas que mejoren la impartición de justicia y sean incorporadas en la iniciativa que se discutirá en el Congreso de la Unión, a fin de que sea más expedita, puntualizó la titular de dicha instancia, Margarita Darlene Rojas.

Además, se plantea el uso de la firma electrónica en materia de notificaciones, lo cual debe quedar plasmado en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y contar con mayores recursos, con la finalidad de incorporar avances tecnológicos que aminoren la carga de trabajo de las juntas.

Mencionó que las propuestas que se planteen en el foro, que concluirá el próximo jueves, se incorporarán a una memoria que se entregará al presidente, Enrique Peña Nieto, en la segunda quincena de marzo, para que sean incorporadas en la discusión del tema.