La Paz.

La justicia de Bolivia ordenó a cinco ex jefes militares indemnizar con 1.1 millones de bolivianos (unos 158 mil dólares) a cerca de 30 heridos y familiares por una matanza en 2003, que desembocó en la dimisión del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y su posterior huida a Estados Unidos, informó un juez este sábado.

Esta es la primera ocasión que la justicia boliviana emite un fallo por resarcimiento económico contra ex militares, quienes en 2011 también fueron condenados a 10 y 15 años de prisión por cargos de violación a los derechos humanos.

La represión castrense se produjo en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde los habitantes rechazaron un intento de ese gobierno por exportar gas natural a Estados Unidos usando puertos de Chile, al que Bolivia reclama una salida al mar.

El juez de la ciudad de Sucre, Eduardo Gonzales, declaró probada la demanda planteada por 74 heridos y familiares de cinco fallecidos, quienes se distribuirán en diferentes cantidades 1.1 millones de bolivianos.

Gonzales explicó a la radio privada Erbol que la valoración de los daños y montos se calcularon de manera individual, de acuerdo con los tiempos de permanencia en el hospital, los días de impedimento, el número de dependientes, los salarios que han acreditado y el trabajo que tenían.

Los cinco sentenciados y miembros del alto mando militar en 2003, cuando se produjo la matanza que dejó 60 muertos y 500 heridos, son: Roberto Claros Flores, Gonzalo Alberto Rocabado, Luis Alberto Aranda Granados, José Oswaldo Quiroga Mendoza y Juan Véliz. El ex general, que rechazó el fallo, arguyó que la responsabilidad debió recaer en los gobernantes civiles y amenazó con apelar ante una instancia superior, pues dijo que no cuenta con recursos económicos para cubrir los gastos.

Laresolución también incluyó a un ex ministro, aunque no se precisó cuál fue su responsabilidad en los hechos.