La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la periodista Anabel Flores Salazar e instó a México a investigar de manera pronta y oportuna el crimen e identificar y sancionar a los responsables.

La periodista, que trabajaba como reportera de hechos policiales para el periódico local El Sol de Orizaba, fue secuestrada la madrugada del 8 de febrero en ese municipio del estado de Veracruz y su cuerpo se encontró al día siguiente en el estado de Puebla.

La CIDH se mostró preocupada por la reiteración de este tipo de ataques contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México, donde uno de los lugares más peligrosos es el estado de Veracruz.

La situación de violencia contra los periodistas en México ha sido motivo de preocupación especial para esta oficina, señaló la relatoría, creada por la CIDH con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Cuando tales delitos quedan impunes se fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y la autocensura de los y las comunicadoras, advirtió.

En tanto, diversas organizaciones y redes defensoras de la libertad de expresión y los derechos humanos calificaron de intolerable que cuatro meses después de que se declarara la Alerta Temprana en Veracruz, debido a las amenazas constantes y asesinatos contra periodistas en la entidad, ni el gobierno federal ni el estatal hayan sido capaces de aplicar medidas de prevención y protección de manera urgente.

En un pronunciamiento, en el que condenaron el feminicidio de la periodista, exigen a las autoridades un proceso claro con investigación fidedigna, pero también un seguimiento en los medios que tome en cuenta el contexto de violencia contra las y los periodistas en el país y la violencia contra las mujeres.

Firmado por 12 organizaciones, entre ellas la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, Red Nacional de Periodistas, Article 19, Tlachinollan y Serapaz, el pronunciamiento señala que es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión la responsable de abrir una averiguación previa y no simular la investigación.

En la Cámara de Diputados, el partido Movimiento Ciudadano señaló que el escenario de descomposición y violencia que enfrenta el gremio de periodistas en Veracruz y la connivencia del gobierno estatal, que no garantiza la libertad de expresión, hacen necesario solicitar a la CIDH su intervención en las investigaciones en torno a las denuncias de violación de derechos humanos que pesan contra el gobierno estatal.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que su partido propone esa intervención, porque estamos hablando de un gobierno presuntamente implicado para atentar contra los derechos humanos.

También, el vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Virgilio Caballero, exigió al gobierno que abandone su postura omisa frente a la violencia recurrente contra los periodistas en el país.